La UBA expuso las prioridades de Milei

Un dato que difundió la Universidad de Buenos Aires (UBA) es cuáles son las prioridades del Gobierno nacional a la hora de plantear el financiamiento de la educación universitaria. De acuerdo a un informe publicado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha casa de estudios, el esfuerzo fiscal previsto para actualizar el financiamiento de las universidades es equivalente al que se realiza para beneficiar a los ricos a través de la baja de Bienes Personales.

En concreto, el estudio se hizo con base en los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), que mostró que el impacto fiscal del proyecto de ley que recompone el financiamiento de universidades nacionales, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está previsto para este jueves su tratamiento en el Senado, es de 0,14% del PBI.

Esta cifra incluye la actualización de todos los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica, y la recomposición salarial de docentes y nodocentes.

“Considerando la restricción presupuestaria vigente y el objetivo de consolidación de las cuentas públicas, el impacto en las cuentas fiscales luce mucho menos oneroso al compararlo con algunas directrices recientes, tanto por decisión como por omisión”, señaló la UBA al difundir el informe.

En esta misma línea, la casa de estudios precisó que “la modificación del mínimo no imponible y las alícuotas correspondientes a la fórmula del impuesto a los bienes personales, se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14% puntos del PBI”, es decir, exactamente “el mismo orden de magnitud que lo requerido para la actualización de los recursos del sistema universitario”.

Por otro lado, se remarcó que, “a pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales”, el Ejecutivo nacional mantuvo el subrégimen industrial de Tierra del Fuego “con un costo estimado para el estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI”.

“El análisis del esfuerzo fiscal destinado a la actualización de los recursos del sistema universitario revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado”, concluyó el escrito del Centro RA.