La única ley es la del FMI: un robo al bolsillo de los jubilados

Es apenas el principio del ajuste. Pero su impacto, que ya se siente en  la obra pública, en los despidos y los magros salarios, llega también a los jubilados: contra lo que ordena la ley de devolución de IVA, sancionada hace dos años, el Gobierno mantiene congelado el tope máximo de retribución de $300 , que debería actualizarse de acuerdo con la evolución de la canasta básica de alimentos (CBA).

La ley dispone la devolución del 15% del IVA por las compras con tarjeta de débito en comercios minoristas. Como en el momento de su sanción el Indec no publicaba la CBA, se fijó una cifra máxima de $300. Pero se dispuso que, a partir de enero de 2017, el monto debía actualizarse dos veces al año según la variación que el Indec publica desde septiembre de 2016.

Sin embargo, el Gobierno nunca respetó la ley. 

Solo desde enero de 2017 hasta mayo de 2018 (última dato disponible del Indec) la CBA aumentó un 35%. De haberse cumplido con la normativa, el tope máximo de devolución debería superar hoy los $400, casi una limosna para los abuelos pero así y todo necesaria para quienes cobran un haber mínimo de $8.096, por debajo incluso de la CBA, valuada en más de $9.000. Pero el Gobierno prefirió ahorrar a través de ellos para redireccionar el dinero al mantenimiento de la bicicleta financiera.

En términos reales, al ritmo de una inflación que licua todo el dinero que toca, el monto de devolución promedio para los jubilados cayó un 50%.

No es el único aspecto en el que el Gobierno incumple la ley. Según datos de la Jefatura de Gabinete, la limitada devolución del IVA alcanzó a poco más de 1,4 millón de jubilados, el 17% de los potenciales beneficiarios, calculados en 8.400.000, entre jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.  

Sin contar que la ley también tiene sus limitaciones: pues solo aplica en compras con tarjetas de débito, pretendiendo beneficiar a un universo que no suele utilizar el plástico como habitual medio de pago. El objetivo es claro: a través de la bancarización se beneficia a los bancos; con el infame ahorro fiscal a través de los jubilados se redirecciona el dinero hacia la bicicleta financiera.

De la forma más vil queda expuesto que la meta es ahorrar como sea, cortando por el hilo delgado y débil de los jubilados. Por eso es que en 2017 el Ejecutivo calculó que la devolución del IVA iba a llegar a los $17.000 millones, pero devolvió menos de $2.000 millones. Para 2018, la ley de Presupuesto calculó $4.775 millones (un 72% menos), un monto que, todo hace indicar, tampoco se cumplirá este año porque se redireccionará hacia la timba financiera.

Porque hoy no hay más ley que la del FMI, la Carta Magna escrita por Christine Lagarde que exige profundizar la reforma previsional y vender los fondos de los jubilados que custodia la Anses. En otras palabras, allanar el camino de regreso al sistema privado de las AFJP. La estafa del IVA es apenas la punta de un iceberg gélido y duro contra el que chocaremos sino apretamos el freno a tiempo.