Levantan el ASPO solo en la capital, pero continúan las violaciones a los DD. HH.

La capital de la provincia del No-reste argentino levantó el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO), que había vuelto a establecerse el 5 de enero, y mantiene las restricciones para circular entre la ciudad y el resto de la provincia hasta el 16 de febrero. Así lo anunciaron desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 debido a la disminución de casos.

Quienes deseen salir de la capital deberán hacerlo con un PCR negativo. Se volverá a la actividad comercial y gastronómica hasta cierto horario, como ocurre en el resto del país. “Se acaban los 15 días de cuarentena represiva”, le cuentan a diario Hoy desde las agrupaciones de DD. HH.

Sin embargo, el resto de la provincia sigue con las restricciones que mantenía hasta ayer y generó enojo en los habitantes. “Esto es ya totalmente discrecional”, le cuenta una médica de la localidad de Clorinda a diario Hoy.

Las denuncias continúan

La escuela EP N°35 Arturo Jauretche de Formosa capital, que funciona como centro de aislamiento, se inundó luego de haber llovido copiosamente el lunes. Ayer se difundió un video que mostraba cómo los pacientes aislados allí sacaban el agua del lugar con baldes. Cuando el lugar funciona como escuela también se suele inundar, y ante la situación la Policía dijo que, como no era mucha agua la que había que sacar, podían hacerlo quienes están viviendo en la escuela.

Por otro lado, se conoció un comunicado que la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, le envió el pasado lunes al gobierno formoseño. Graham le hizo llegar una lista de pedidos al gobernador Insfrán para evitar irregularidades en los centros de aislamiento de pacientes con coronavirus y contactos estrechos.

“Recientemente hemos recibido nuevamente solicitudes de intervención por parte de organizaciones de la sociedad que darían cuenta de serias irregularidades en las condiciones de alojamiento en los centros destinados a tal fin”, indica el texto dirigido al gobernador y agrega que las denuncias “se corresponden con imágenes que circularon en los medios periodísticos donde se visualizan que en los centros de alojamiento provisorio habría situaciones que implicarían privaciones de libertad de niños y niñas”.