Lorenzino pidió que la suba de la luz “sea proporcional a los salarios”

El defensor del Pueblo se reunió ayer con autoridades del gobierno provincial y de Oceba, en el marco de una audiencia judicial para discutir el nuevo cuadro tarifario. Pidió incrementar la tarifa social 

El defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, mantuvo ayer una audiencia convocada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, con el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (Oceba) y el representantes del gobierno de María Eugenia Vidal. En este marco, desde la Defensoría se propuso a la Provincia que la tarifa de la luz guarde relación directa con el promedio de los salarios del año anterior, que sea gradual y que se amplíe el consumo de energía para la tarifa social. 

“La tarifa debe tener relación con el aumento de los salarios para que la gente la pueda pagar. No es mi función traer los números que deben poner, sino apelar a la razonabilidad”, sostuvo Lorenzino, y agregó: “Los incrementos tienen que ser graduales, no se puede hacer pagar a los bonaerenses en 15 meses lo que no se hizo en años”. 

Otro de los pedidos fue, pensando en los sectores más vulnerables de la sociedad, la necesidad de ampliar al doble el consumo que hoy tiene la tarifa social. En el escrito con las ideas presentadas por la Defensoría se propuso duplicar la tarifa social, que hoy cubre a los que consumen 150 kW, pretendiendo que cubra a los que consumen 300 kW, para que sea un beneficio real y significativo para la gente.

Con voluntad de diálogo

En la audiencia, que se dio como respuesta al pedido de la Defensoría de una instancia de diálogo entre las partes para analizar la actualización del valor del servicio, funcionarios del Ministerio de Infraestructura bonaerense explicaron todo lo que implica la composición del cuadro tarifario, la tarifa social y el valor de la energía. “Nosotros nos volvimos a oponer porque creemos que es un cuadro tarifario que no es razonable y que no guarda temporalidad en términos de lo que la gente puede pagar”, sostuvo Lorenzino. 

El defensor del Pueblo sostuvo que sería bueno que las inversiones a cinco años que las empresas dicen que van a hacer también se acomoden a lo que la gente puede pagar, y que el aumento que se iba a hacer en una sola boleta pudiera haber sido construido en cinco años. “Hemos propuesto construir una mesa de diálogo con el gobierno por fuera de la Justicia, que ha decidido poner una medida cautelar. La audiencia fue de conocimiento de partes, de lo que cada uno piensa, pero nos parece importante construir por fuera para ver si existe una mirada crítica desde el gobierno para resolver lo que judicialmente hoy está frenado”, expresó Lorenzino. 

“Nuestras propuestas serán consultadas con las autoridades superiores, tanto en el Ministerio de Infraestructura como en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (Oceba). Esperemos que haya voluntad de diálogo porque nosotros, como venimos sosteniendo, creemos que hay que actualizar las tarifas pero no puede cargarse todo eso sobre los bolsillos de la gente”, manifestó el defensor del Pueblo. 

Juez Arias: “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles”

El juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, informó que la audiencia que encabezó ayer buscó, fundamentalmente, tratar de esclarecer el impacto del incremento en la tarifa, y hallar una posible solución al respecto. “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, para que el usuario pueda abonarlas sin que ello represente un porcentaje importante de su salario. Si no, tenemos pobreza energética”, sostuvo el magistrado.  

“De acuerdo al informe que había presentado el Ejecutivo, las tarifas en las zonas de La Plata van a tener un fuerte impacto, de alrededor del 125%. Pero también hay que ver la cuestión de las inversiones que tienen que realizar las empresas, porque las están cobrando sin que se las haya hecho”, afirmó Arias antes de que se desarrollara el encuentro entre las partes. Para el juez, la energía eléctrica y los servicios públicos forman parte de los derechos de la ciudadanía, comprendiendo el derecho a la vivienda, que es fundamental. “Por más que el ministro (Juan José) Aranguren diga que cumple su función trasladando la suba de las tarifas a los usuarios, él es funcionario de un gobierno y como tal tiene que respetar todos los derechos, y que el servicio sea a bajo costo, que no implique un gasto fundamental dentro de los salario”, cuestionó.

“El 80% del trabajo lo dan las pequeñas y medianas empresas. Si nosotros establecemos tarifas altas, el impacto que tendrán sobre ellas y sobre los comerciantes va a ser tremendo. Van a tener que elegir entre apagar las heladeras o mantener a los empleados. Así se empiezan a perder miles de puestos de trabajo, como viene sucediendo”, advirtió Arias. También se explayó sobre la tarifa como una cuestión social, que tiende a proteger a la familia y al trabajo. Para el juez, las partes tienen que “tratar de discutir y de dialogar, este es el camino. Estamos ofreciendo esta posibilidad de diálogo y de llegar a un acuerdo. Ojalá sea valorada”.