Los buitres arremeten: presentan argumentos para mantener el fallo del pago por 1300 millones de dólares

Los holdouts presentaban esta noche ante la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos los argumentos para sostener el fallo de primera instancia que ordenó a la Argentina el pago 1.300 millones de dólares en efectivo por violar la cláusula de igualdad de tratamiento a acreedores.

Los fondos de inversión Elliott Management y Aurelius Capital, litigan en los tribunales americanos para lograr que se les abone la totalidad de los bonos impagos en su poder, tras rechazar los canjes propuestos por el país en 2005 y 2010.

El fallo de Griesa y el asedio de los buitres

En primar instancia el juez Thomas Griesa, les reconoció que la Argentina no había respetado la cláusula de "pari passu" y dictaminó que se les debe abonar 1.300 millones de dólares en efectivo y en un pago.

El Gobierno nacional apeló la medida y la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el fallo de Griesa hasta que se defina el fondo de la cuestión, que es el tratamiento que Argentina debe tener para con éste grupo de acreedores.

Apelación al fallo: un respiro, pero no una solución

En su presentación del 28 de diciembre la Argentina deslizó la posibilidad de reabrir los canjes de 2005 y 2010 para ofrecerle una nueva oportunidad a estos grupos inversores.

Hasta este momento, Argentina desconoció la existencia de los bonos que están en poder de los fondos Elliot Management y Aurelius Capital, por lo cual no les realizó ningún pago de intereses ni de capital.

El próximo viernes 1 de febrero el Gobierno nacional tendrá la posibilidad de contestar los puntos planteados por los inversores y el 27 de febrero habrá una audiencia oral donde ambas partes formularán sus alegatos finales.

A partir de esa fecha la Cámara de Apelaciones se tomará un tiempo para dictar su sentencia definitiva sobre el litigio que hizo peligrar el normal pago de la deuda performer.

La estrategia nacional frente la presión de los buitres

La Argentina basará su estrategia en dejar abierta la posibilidad de permitirles a los inversores que no entraron en las canjes de 2005 y 2010 cambiar sus títulos, bajo condiciones similares.

En el alegato final de la Argentina quedará definitivamente planteada la posibilidad de que el país ofrezca una nueva reapertura del swap, para lo cual sería imprescindible una suspensión parcial de la denominada Ley Cerrojo.

Por imposición de esta última norma, ninguna operación posterior a los canjes ya realizados podía contener aspectos más beneficiosos que los que obtuvieron aquellos que sí aceptaron el trueque.