Los interrogantes que rodean el polémico jury contra el juez Arias

Mientras se caen las acusaciones, algunos sectores políticos operan contra el magistrado, que se ha caracterizado por dictar fallos a favor de sectores socialmente postergados. El controvertido rol de la jueza Kogan

Poco a poco se va desmembrando la ofensiva emprendida por algunos sectores del poder político contra el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias. Así, según pudo saber diario Hoy, tanto la Suprema Corte bonaerense como la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial decidieron no acusar al magistrado en el proceso de jury que se le sigue. 

Lo mismo ocurrió con el diputado provincial Guillermo Castello, quien no ratificó la denuncia que oportunamente había hecho contra Arias por haber firmado una solicitada que alertaba sobre las consecuencias para el sistema democrático que implicaban las políticas llevadas adelante por el Presidente Mauricio Macri.

En rigor, el endeble proceso se sostiene en base a las denuncias que, en su momento, realizó la entonces procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, que, como se recordará, se acogió al beneficio de la jubilación. Lo hizo en momentos en que se encontraba acorralada por las acusaciones en su contra, que la hacían partícipe necesaria de haber impedido que avanzaran distintas investigaciones sensibles para sectores políticos bonaerenses, incluidas sospechas de connivencia con el narcotráfico. Tras retirarse de la jefatura del Ministerio Público, Falbo encontró refugio en el gobierno de Mauricio Macri, desempeñándose actualmente como asesora del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

La acusación de la Procuración incluye unos 30 expedientes en los que se critica el accionar desempeñado por Arias en distintas causas. Lo llamativo es que la gran mayoría de estos cuestionamientos aluden a decisiones emanadas desde el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 que apuntaron a preservar derechos y garantías de trabajadores y sectores socialmente postergados.

A su vez, distintas fuentes judiciales consultadas por este medio le atribuyen “una clara intencionalidad política” a Hilda Kogan, la actual presidenta del máximo tribunal bonaerense, que actualmente integra el Jurado de Enjuiciamiento del magistrado platense. Una situación por demás paradojal ya que, mientras que desde la Corte -cuerpo conformado actualmente por seis integrantes- se evitó acusar al magistrado, Kogan sería una de las principales responsables de impulsar el jury. 

“Es una militante radical, que llegó a ese cargo a partir de un acuerdo que hizo la UCR. Ella es una jueza militante. Si tanto cuestionan desde el oficialismo la idea de que existan jueces militantes, deberían fijarse en el de­sempeño de Kogan”, dijeron altas fuentes judiciales ante una consulta de este diario. En ese escenario, distintos actores del Poder Judicial manifiestan cierta preocupación con respecto a la posibilidad de que la continuidad del jury quede supeditada a negociaciones políticas, un juego de toma y daca que podría significar un severo daño para la división de poderes y, en definitiva, para la Justicia independiente.

¿En qué consiste el proceso?

El enjuiciamiento político contra Arias comprende tres actuaciones distintas. La primera de ellas, iniciada por el propio magistrado a partir de una denuncia de la exprocuradora Falbo. La intención de Arias fue autodenunciarse con el objetivo que se despejara de modo definitivo cualquier duda acerca de su actuación en las causas vinculadas a las víctimas fatales de la inundación ocurrida en La Plata los días 2 y 3 de abril de 2013. Cabe recordar que este magistrado fue el responsable de la investigación que pudo determinar, de forma fehaciente, cuántas fueron realmente las personas fallecidas en aquellas trágicas jornadas, en momentos en que desde la Procuración que encabezaba Falbo se ponían todo tipo de trabas para que no avanzaran las pesquisas.

En ese sentido, el conflicto se suscitó a raíz de que Arias le manifestó al fiscal interviniente -el entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones nº 8, Jorge Paolini- que se abstuviera de producir difusión pública de las víctimas y/o posibles víctimas del temporal, como así también que comunicara lo que fuera surgiendo de dicha investigación y que tuviera que ver con la competencia Contencioso Administrativa, puesto que la Suprema Corte había decidido que la determinación de la cantidad de víctimas fatales en la inundación era incumbencia de Arias. 

Hay que destacar que Paolini, durante la era Falbo, concentraba todas las causas contra el poder político en la Provincia, lo que motivó sendas denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió, jefa política del diputado provincial Guillermo Castello. Como consecuencia de ello, Paolini actualmente está siendo investigado por orden de la Corte y fue trasladado a la recientemente creada Unidad Fiscal de Investigaciones nº 15, mientras que la UFI nº 8 quedó a cargo de Hugo Tesón.

La segunda actuación contra el juez Arias también fue iniciada por la ahora exprocuradora y la tercera es un desprendimiento de la denuncia realizada por Castello, que nunca ratificó. Como descripción general, según analizan en el Juzgado Contencioso nº 1, las acusaciones están “referidas a criterios judiciales que de ningún modo pueden constituir irregularidad alguna: representan formas de interpretar el Derecho. Por su parte, la presentación de Castello tampoco implica un reproche a la actuación judicial del juez, sino a la firma de una solicitada referida a la defensa de la democracia. En ningún caso hay cuestiones económicas implicadas, faltas concretas sobre los deberes de imparcialidad e independencia del juez ni ninguna otra causal que dé lugar a su destitución”.

En la primera autodenuncia del doctor Arias se sorteó la integración del Jurado de Enjuiciamiento, pero el expediente no tuvo demasiados movimientos y el propio magistrado desistió de ratificar su autoacusación. Cuando los legisladores sorteados terminaron sus respectivos mandatos, se procedió a un nuevo sorteo, que quedó integrado con legisladores de Cambiemos, el Frente Renovador y Cumplir, junto con abogados de la matrícula. 

“Con esta integración se decidió impulsar el jury. Pero en las restantes denuncias, la Secretaría Permanente del Jurado procedió a la acumulación de las tres actuaciones, las cuales comprenden diversos hechos que no guardan vinculación entre sí, más que encontrarse dirigidas contra el mismo magistrado, omitiendo el procedimiento de designación del Jurado previsto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 13.661, que obliga a constituir un jurado distinto por cada denuncia”, señalaron.

El tribunal más laborioso

La tarea que llevan adelante Arias y sus colaboradores fue destacada, por cuarto año consecutivo, por el Colegio de Abogados de La Plata. 

En efecto, el Juzgado nº 1 fue distinguido como el más laborioso en materia Contencioso Administrativa y uno de los mejores de todo los fueros. Este reconocimiento se realiza en base a encuestas anuales desarrolladas por la entidad colegiada.