Los sinvergüenzas

Realmente, algo debe anda muy mal en la Argentina si, cuando aún no se cumplió un mes del cambio de gobierno, Cristina Kirchner y el resto de los responsables de haber dejado una Provincia en quiebra y un país en una situación de colapso económico, a lo que se le suma la proliferación sin freno del narcotráfico y la corrupción que carcome a las fuerzas de seguridad, pueden salir públicamente para dictar sentencia desde un pedestal.

Ayer, por ejemplo, Aníbal “La Morsa” Fernández, cada vez más comprometido por sus vínculos con la mafia de la efedrina,  cargó contra el gobierno nacional y bonaerense al acusarlos de gobernar de "forma amateur" y volvió a cuestionar el operativo montado para dar con el paradero de los prófugos – los hermanos Martín y Christian Lanatta, y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez- que, dijo, se maneja con una "improvisación alarmante". La realidad es que, tal como lo hemos remarcado reiteradamente en las páginas del diario Hoy, el principal beneficiado de que los fugados del penal General Alvear sigan prófugos eternamente es La Morsa. Y más si se tiene en cuenta que Martín Lanatta, antes de escaparse, tenía previsto presentarse nuevamente a la Justicia para aportar información comprometedora sobre los vínculos de la mafia de la efedrina, de la que el formó y evidentemente sigue formando parte, con el kirchnerismo. Recordemos, por ejemplo, que muchos de los laboratorios y empresas vinculadas con la denominada mafia de los medicamentos y la importación ilegal de efedrina, insumo esencial para la elaboración de metafentaminas, hicieron aportes económicos para las campañas electorales del kirchnerismo. Eso no es todo: La Morsa está vinculado directamente con muchos de los actores principales de todo este entramado mafioso (ver notas relacionadas).

En ese sentido, de existir una Justicia realmente independiente, Aníbal ya debería estar en el banquillo de los acusados, dando explicaciones sobre sus conexiones narcos, en lugar de estar criticando el accionar de las fuerzas de seguridad. Asimismo, tal como lo reflejamos en nuestro diario, la forma en la que se fugaron –salieron caminando de una cárcel de máxima seguridad- demuestra que tanto los hermanos Lanatta como Schillaci disponen de abundantes recursos logísticos y económicos, sumado a contactos políticos de alto nivel. En todo caso, si hoy las fuerzas de seguridad se muestran inoperantes para dar con los prófugos -no habría que descartar que ya estén fuera del país- es por el resultado de los 12 años de gobierno kirchnerista que han dejado, como resultado, una institución policial en la Provincia seriamente jaqueada por la corrupción y la falta de profesionalismo. Algo similar ocurre con la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también fueron afectadas a la búsqueda.

Aníbal Fernández no es el único que parece no tener vergüenza. Daniel Scioli también decidió mostrarse públicamente el fin de semana, sacándose fotos en Mar del Plata, donde hasta se animó a un chapuzón en la playa Bristol. En ese contexto, Scioli también dictó sentencia sobre la triple fuga: “Es obvio que en la fuga hubo algo raro”, sostuvo, suelto de cuerpo y sin ruborizarse. La realidad es que gran parte de la cúpula de la bonaerense que está en funciones formó parte del gobierno sciolista. Y en esto radica el principal error de la gestión de María Eugenia Vidal: haber intentado pactar con parte viejo, en la idea de que así se garantizaban gobernabilidad, no animándose a desterrar las estructuras corruptas de una Provincia que, como ella misma reconoció, está quebrada.

Por eso, aún hoy resulta inexplicable cómo dejó en funciones a varios funcionarios sciolistas de primera línea, como es el caso del Asesor General de Gobierno, Gustavo Ferrari. Algo similar ocurrió en la Policía Bonaerense: su actual jefe, Pablo Bressi, se desempeñó hasta el 10 de diciembre nada menos que como Superintendente de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas. En tanto, Fernando Jantus, quien fuera mano derecha del saliente ministro de seguridad, Alejandro Granados, quedó firme en la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad. Jantus fue uno de los máximos responsables de la puesta en marcha de las denominadas Policías Locales, ese peligroso experimento que llevó a que se les diera armas a jóvenes agentes policiales, con apenas seis meses de formación, para recorrer las calles en una provincia donde la inseguridad y el narcotráfico no dan tregua.

Cabe destacar que, pese a las dificultades, dentro de la Policía Bonaerense y el resto de las fuerzas de seguridad hay muchos efectivos íntegros, honestos, dispuestos a dar su vida en el cumplimiento del deber. Son ellos los que deben ser reconocidos, posibilitando su desarrollo con sueldos dignos, modernos equipamientos y capacitación permanente, marginando al mismo tiempo a las manzanas podridas que resultan cómplices y/o funcionales a los corruptos y al crimen organizado.

La excusa de que no se quiere denunciar el saqueo y el robo que hizo la gestión anterior, para no dar un mensaje negativo a la sociedad de cara al futuro, no resiste ningún análisis. Nunca tendremos un futuro mejor si los responsables de habernos metido en esta crisis no son castigados, con todo el peso de la ley.  En ese contexto, es encomiable la labor que vienen desplegando tanto Elisa Carrió como Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña, denunciando y escrachando públicamente a todos los corruptos K. Pero ellas solas no podrán conseguir una modificación de fondo: debe haber una decisión política, en las más altas esferas, de terminar con las mafias de una vez por todas.