Macri y Vidal, ¿tan corruptos como Cristina?

“El oficialismo, que no dice no operar en la Justicia, recibiría la agradable noticia de que la causa por los aportanteds (y afiliados) truchos de Cambiemos podría pasar del fuero federal al electoral, donde las penas son mas leves, en el improbable caso en que se llegaran a dar penas”, sentenció el senador Fernando “Pino” Solanas, deslizando la impunidad que rodearía a esa causa que unen al Presidente y a la Gobernadora con el espanto de la corrupción que prometieron combatir.

Y que nos dejaría desamparados. Pues si la Justicia se inclina ante el poder, el mejor postor y entierra aquel mandato constitucional de que todos somos iguales frente a la ley, ¿qué queda para los de a pie?

¿Qué, si desaparecen el Estado de Derecho, la división de poderes, la seguridad jurídica, pilares fundamentales sin los cuales el edificio de República se viene abajo?

Pues, en su denuncia, Solanas apuntaba a la investigación sobre los aportantes truchos que aparecen en las rendiciones de fondos de las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, y apunta directamente a Macri y Vidal por presunto lavado de dinero, dinero por el que otras personas ya estarían imputadas o presas.

Esta semana, el periodista Hugo Alconada Mon ratificó ante la Justicia que cuando era candidato el Presidente les pedía a los empresarios el 1% de su patrimonio para financiamiento electoral y les aclaraba que debía ser en negro. Entre las empresas aportantes, varias contratistas del Estado, algunas incluidas en la causa de las fotocopias de los cuadernos, figuraban Rocca (Techint), Roggio, Irsa, Raghsa, Isolux, Vialmani, Impsa y Caputo Hermanos.

“Quiero el 1% de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos saves que si yo gano, normalizaremos el país y el 99% restante de tu patrimonio va a valer muchísimo mas”, les habría prometido Macri a los empresarios, exigiéndoles que el pago no fuera en blanco.

La campaña de Cambiemos habría costado $1.760 millones, once veces más que el monto declarado a la Cámara Nacional Electoral. También, de acuerdo al expediente judicial, Vidal habría pedido hasta $500.000 en efectivo a los empresarios.

Sería apenas la punta de un iceberg corrupto para el que se utilizaron distintas modalidades: como las empresas no pueden aportar a las campañas electorales, se usaron nombres de particulares o se usurparon identidades para justificar el lavado. De ahi la canallada de que cientos de los 4.721 aportantes a la campaña de la Gobernadora de la Provincia hayan sido personas de bajos recursos, beneficiarias de planes sociales y hasta candidatos a concejales e intendente de Cambiemos que aparecieron en los listados sin su consentimiento y desmintieron haber realizado aporte alguno.