Marcharon para denunciar presiones del gobernador Morales a la Justicia jujeña

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia para solicitar un freno al hostigamiento a Milagro Sala.

Este martes se llevó a cabo una movilización en apoyo a Milagro Sala, con una concentración previa en las inmediaciones del Obelisco, desde donde Tupac Amaru marchó hacia la sede de la cartera de Justicia, ubicada en Sarmiento 329, en el microcentro porteño, bajo el lema  “Basta de revancha contra Milagro Sala".

En cuanto a los motivos de la protesta, desde la organización advirtieron que “Gerardo Morales le ha dado la orden al fiscal general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel”.

Y añadieron: “Seis años y medio lleva. Su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional”.

Finalmente, remarcaron que “en Jujuy no hay Estado de Derecho, no hay Justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de Morales. Hay que dejar de sacarse fotos con él y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Túpac Amaru en nuestra Patria”.

Tras reunirse con el ministro de Justicia, Martín Soria, el vocero de Tupac Amaru en Capital Federal, Alejandro "Coco" Garfagnini, señaló: “Exigimos que la provincia de Jujuy cumpla la Constitución y deje de hostigar a Milagro. Conformamos una comisión  redactora de comunicados conjunta entre el ministro y Eduardo Tavani (abogado e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala). Quedamos en una mesa de diálogo quincenal para seguir discutiendo para ver cómo podemos avanzar en función de la libertad de los compañeros. Fue muy buena la reunión, nos recibieron muy bien, vimos muy buena predisposición”.

Antecedentes

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que “adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía “sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”.

Poco después de esa medida provisional, el 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las autoridades judiciales intervinientes en la detención de Sala debían cumplir “con urgencia” los requerimientos dispuestos por la Corte IDH.

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