Mussi: el Baroncito de las irregularidades
Las cuentas no cierran por ningún lado en Berazategui. Faltante de documentación, cheques voladores, anomalías con planes oficiales, gastos sin comprobantes, algunas de las infracciones encontradas. Lapidario informe de una auditoría oficial
Juan Patricio Mussi, a quien muchos denominan el “Baroncito” del conurbano por su corta edad, pareciera no ser de los mejores administradores, ya que un informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires (HTC), advierte sobre demoledores desastres administrativos que se estarían cometiendo en suelo berazateguense.
Luego de hacer un análisis pormenorizado del último dictamen dado a conocer sobre las cuentas locales, que corresponden al ejercicio 2013, el organismo provincial decidió multar a Mussi y a muchos de sus más cercanos asesores y funcionarios. Las sanciones responden al descontrol, los gastos no justificados y la falta de claridad en las cuentas municipales.
Mussi, uno de los más obsecuentes seguidores de Cristina Kirchner y muy cercano al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, deberá responder en solidaridad junto al Secretario de Economía y Contador Municipal Marcelo Fabián López y otros funcionarios, por erogaciones desaprobadas por el organismo de contralor por la suma de 3.527.445,84 pesos.
Detalles del descalabro
Entre los pormenores del informe, uno de los destacados es la documentación faltante sobre supuestos depósitos efectuados y cheques voladores en distintas entidades bancarias, pero que la comuna no tiene reconocidos en sus balances. Entre ellos se destacan el Banco Nación ($5.017.311), Banco Provincia ($1.004.016), Banco Credicoop ($2.889.719), y Banco Comafi ($1.002.193).
Además, se encontraron serias fallas en la instrumentación del Plan Argentina Trabaja, que solo en Berazategui insumió la cifra de $131 millones. Los auditores no encontraron documentación que avalara en qué se gastó el dinero, así como tampoco hubo control sobre las posibles incompatibilidades entre el personal de la comuna y el de los socios de las cooperativas participantes en el Plan.
Tampoco se pudo comprobar que se haya gastado lo que dice la comuna en materiales con diferentes empresas por más de 3 millones de pesos para el Plan Argentina Trabaja. Algunas de las firmas que se mencionan son Establecimientos Sourigues S.A., Javace S.A., y Nova Ruta S.A.
Cifras en llamas
Para la distribución gratuita en el distrito de la revista “Estilo B” y otra clase de folletería, se contrató para su impresión y distribución a Entrecomillas S.R.L y a Maximiliano Raúl Minervino y Alberto Nicolás Minervino, de los cuales el HTC no pudo comprobar que se hayan impreso y distribuido las copias que se certifican en las boletas, y para las cuales se abonó 6.332.030 pesos.
Otro de los rubros en rojo del municipio K, tiene que ver en relación con las órdenes de pagos faltantes a distintas empresas y particulares, que asciende a la suma de $2.779.169,67, de las cuales las autoridades locales no dieron ninguna clase de comprobante que acreditara las mismas.
Como puede observarse, el análisis de los inspectores oficiales resulta lapidario para las aspiraciones electoralistas de Mussi, con agujeros negros en sus cuentas que se acumulan cuando se escarba en las mismas, dando noción del descalabro financiero que se sufre en tierra berazateguense.
Sin órdenes de pago
El informe realizado por el Tribunal de Cuentas bonaerense detalla también cómo en los registros de Berazategui, resulta imposible verificar la titularidad y/o posesión de los camiones, camionetas, maquinarias y/o micros afectados a las prestaciones de los servicios contratados.
Es así que ejemplifica un sinnúmero de concursos de precios y órdenes de pagos que el Ejecutivo municipal no puede justificar su existencia ni en qué obras se utilizaron, transformándose en virtuales maquinarias fantasmas.
De acuerdo a estos antecedentes, Mussi rompió con lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en sus artículos 1, 107 y 108, no adoptando medidas preventivas para evitar incumplimientos a las ordenanzas de orden público.