Narcojuez: ahora investigan amenazas a testigos

La Justicia Federal de Salta investiga amenazas que recibieron cinco secretarios judiciales cuyos testimonios comprometieron al exjuez Raúl Reynoso, detenido por connivencia con el narcotráfico, luego de que por una denuncia publicada en agosto de 2014 por el Diario Hoy se iniciara un proceso judicial.

Ante esta situación, la Justicia dispuso la custodia de los cinco funcionarios, quienes fueron empleados del exjuez federal de Orán, en la actualidad detenido por ser considerado jefe de una asociación ilícita vinculada con el narcotráfico.

La custodia de los cinco funcionarios fue ordenada por el Juzgado Federal 1 de Salta a raíz de una serie de cruces telefónicos que podrían arrojar que hay intención de amedrentar a los testigos.

En la causa, el único detenido con prisión preventiva es el exjuez Reynoso, destituido de su cargo a raíz de este caso, ya que los otros imputados están en libertad.

Se trata de los abogados María Elena Esper Durán, René Alberto Gómez, Arsenio Eladio Gaona, Ramón Antonio Valor; el exjefe de despacho Miguel Ángel Saavedra; y los hermanos César Julio y Rosalia Candelaria Aparicio.

El exjuez Reynoso fue arrestado a principios de mayo, luego de que el presidente Mauricio Macri aceptara su renuncia al cargo: la orden de detención provino del Juzgado F0ederal N° 1 de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio.

Reynoso fue procesado por la posible comisión del delito de "asociación ilícita, cohecho y prevaricato" tras la investigación que realizaron los fiscales Eduardo Villalba, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (Procunar) Diego Iglesias. 

La investigación se basa en dos denuncias formuladas por la expareja de un narcotraficante y el abogado del foro salteño David Leiva contra Reynoso por recibir coimas para favorecer con gestiones judiciales a detenidos por drogas.

El 18 de noviembre pasado Reynoso prestó declaración indagatoria y rechazó los hechos que se le imputan, pero los fiscales consideraron que entre los descargos y las pruebas en el expediente hubo "severas contradicciones" que dieron certeza a las acusaciones.

Como se recordará, la causa se inició a partir de una investigación del diario Hoy realizada en agosto de 2014, en la que daba cuenta de que Reynoso protegería a los “mercaderes de la muerte”, de los que habría recibido dinero a cambio de congelar las denuncias penales, además de sus vínculos con la ex cúpula de la AFIP.

El procedimiento puso a flor de piel un tema urticante para la sociedad: la connivencia política, judicial y policial para que los narcotraficantes extiendan su poderío en el territorio argentino, un flagelo que durante los 12 años de gobierno kirchnerista fue una constante. 

La palabra de Lorenzetti

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti afirmó en las últimas horas que "la situación del narcotráfico en la Argentina es mucho más grave que lo que sucedía diez años atrás. El problema es que muchas veces el crimen organizado se enfrentó a un Estado desorganizado".

“La tendencia es creciente. Esto lo advertimos en todas las reuniones judiciales que tenemos. Diez años atrás era un problema muy localizado, después fue un problema de algunas regiones del Norte y hace dos años, cuando convocamos a jueces para crear una comisión contra el narcotráfico, vinieron magistrados de todo el país. La tendencia, en esta materia, era creciente”, añadió el cortesano.

La investigación de Hoy que llevó a un juez tras las rejas

Que en la provincia de Salta existía una relación delincuencial entre narcotraficantes y contrabandistas con funcionarios judiciales y de la AFIP, especialmente en el distrito de Orán, que limita con Bolivia, fue denunciado por Hoy en agosto de 2014 en un informe titulado “Echegaray: extorsiones en el norte argentino”, el cual sirvió como parte de un expediente judicial llevado adelante por el Juzgado Federal nº 1 de Salta, en el marco de la investigación en contra del entonces magistrado Raúl Reynoso.

En aquella nota de nuestro diario se informó que el gobierno kirchnerista había dispuesto poner en la AFIP de Salta una dependencia clave de control para narcotraficantes, a Rafael Resnick Brenner, quien había sido jefe de Gabinete de asesores de Ricardo Echegaray hasta que quedó involucrado en la causa Boudougate.

Resnick Brenner es uno de los seis procesados por gestionar un escandaloso plan de pagos para cancelar una deuda de 240 millones de pesos de la exCiccone.

Lejos de ser sancionado, Resnick Brenner fue premiado y lo nombraron como el titular de la AFIP en la provincia norteña. 

Un mecanismo para apretar y recaudar

El mecanismo que montaban desde la AFIP de Ricardo Echegaray en connivencia con el juez salteño Raúl Reynoso era el siguiente: realizaban operativos truchos e inventaban irregularidades. 

Apuntaban, especialmente, a empresas y productores de frutas y hortalizas. Armaban denuncias que incluían acusaciones por trabajo esclavo y amenazaban con aplicar severas sanciones en caso de no acceder a sus pedidos, que casi siempre estaban relacionados con el pago de coimas. Exigieron algunas que iban desde un millón de pesos hasta $10 millones, dependiendo el tamaño de la empresa o de la finca. 

“Hasta hubo empresarios que terminaron presos, por algunos días, por no acceder a la extorsión”, explicaron a Hoy fuentes muy cercanas a las víctimas de este accionar.

La localidad salteña de Orán es una zona del país extremadamente compleja debido a su cercanía con Aguas Blancas, una ciudad fronteriza con Bolivia que está sindicada como una de las principales vías de acceso al país que es usada por bandas relacionadas con el narcotráfico y el contrabando.