Novo no se presentó a declarar

Se trata del fiscal general de San Isidro. Lo investigan por favorecer a “mercaderes de la muerte”. Un funcionario protegido por la Procuradora de la Corte Provincial, María del Carmen Falbo. Lazos con los hermanos Juliá  y sospechosos llamados de abogados defensores a secretarías judiciales

El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, no se presentó a declarar en la causa en la que se lo investiga por presuntamente encubrir una red de narcotráfico vinculada al asesinato de tres ciudadanos colombianos, por lo que crecen las sospechas sobre su protagonismo en el hecho.

Novo es un funcionario judicial protegido por la discutida titular de la Procuración de la Corte Provincial, María del Carmen Falbo. Ella fue la que  cajoneó durante más de cinco años una denuncia efectuada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en donde se acusaba a Novo de haber ejercido desde su cargo un fuerte “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político, que fue parado por orden directa de la funcionaria. Además, Falbo siempre hizo oídos sordos a los reclamos y apañó al discutido fiscal, a pesar de que las causas y las pruebas se incrementaban en su contra, despertando la desazón en un fuerte sector de la Justicia que busca actuar contra la mafia narco que actúa en Argentina.

Respecto a la causa judicial sobre la connivencia con los “mercaderes de la muerte”, trascendió que Novo debía concurrir en las últimas horas a declarar ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, pero solamente envió un escrito.

Por su parte, otra imputada,  Melisa Rey, secretaria de la fiscalía de Novo, tampoco declaró, mientras que Mariana Busse, que cumple la misma función, fue la única que declaró ante la jueza, dijeron los voceros.

Novo era el último en la convocatoria a indagatorias realizada en septiembre por la jueza, que al igual que a sus colaboradores lo acusó de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de la labor funcional".

La denuncia más grave

"No hay antecedentes de una denuncia tan grave contra integrantes del Ministerio Público", dijo un vocero judicial, que recordó que las oficinas de los acusados fueron allanadas por Arroyo Salgado el 30 de diciembre último. Esta causa se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, quien entendió que Novo y sus subordina dos estaban obstaculizando sus investigaciones.

Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión.

Un dato que puede explicar muchas cosas: Mariana Busse, una de las imputadas, está casada con el abogado Carlos Broitman, quien fue defensor de los Juliá y en la época en que fueron juzgados ella viajó a España como codefensora, ya que por entonces no trabajaba en la fiscalía general.

Crímenes y un entramado encubrimiento

Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.

Y a Juan Sebastián Galvis Ramírez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando, donde había concurrido junto con su cuñado, su padre, un amigo y un marinero argentino a comprar un bote semirrígido.

A medida que avanzaron las investigaciones por estos crímenes, se pudo establecer, un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la fiscalía general, dijeron las fuentes.

Además, "Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatare un ovillo que llevase a otros personajes", dijo un investigador del caso.

Cuando efectuó la denuncia, Angelini sostuvo que "existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional" y su colega Fernando Domínguez impulsó la acción penal contra Novo y sus colaboradores.

Al juez salteño “coimero” lo volvieron a citar

Raúl Reynoso, el juez federal de Salta acusado de cobrar coimas para liberar a narcotraficantes, afronta un nuevo pedido fiscal de declaración indagatoria y podría ser declarado en rebeldía si volviese a faltar a la cita.

Los fiscales Villalba e Iglesias plantearon que a Reynoso se lo vuelva a citar bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, lo cual eventualmente habilitaría más adelante un jury de enjuiciamiento.

El miércoles pasado el juez federal de Orán debía presentarse a declarar como imputado ante su par de Salta Julio Bavio pero no concurrió e hizo llegar una recusación contra su colega por supuesta "enemistad manifiesta" por una cuestión futbolística.

Sin embargo ayer, la Cámara Federal de Salta rechazó la recusación planteada por Reynoso, en contra de su par Bavio.

El tribunal de alzada resolvió rechazar "in limine" el pedido de Reynoso y devolvió las actuaciones al juzgado de origen, según la resolución emitida y firmada por los camaristas Renato Rabbi Baldi, Jorge Villada y Ernesto Solá.

Para los jueces, los argumentos y sucesos esbozados por Reynoso "carecen de gravedad y de entidad objetiva para exteriorizar razonablemente la existencia de la parcialidad por enemistad manifiesta que, alegó, posee Julio Bavio para con su persona". 

El juez de Orán fue imputado porque en once causas que tramitaban en su juzgado habría coordinado el cobro de coimas para ceder la libertad a detenidos por narcotráfico, según la acusación.