Nuevas denuncias sacuden al IOMA
Tras el escándalo con los medicamentos oncológicos, se denunciaron nuevas irregularidades en la obra social con troqueles truchos de medicamentos y gasas de ácido hialurónico. El desfalco sería por cifras millonarias
Así como el gobierno K hace caer todo el peso del sistema judicial para castigar a dos maquinistas, y evitar así que los responsables políticos de la destrucción ferroviaria vayan al banquillo de los acusados, en la provincia de Buenos Aires también existen distintas varas a la hora de castigar a los ladrones de gallina y a los delincuentes de guante blanco amigos del poder político.
Por ejemplo, mientras que al maquinista que conducía la formación que chocó en la estación Castelar se lo embargó por $10 millones de pesos, un polémico juez platense -César Melazo- fijó una fianza de tan solo 100 mil pesos para liberar a los acusados de estafas millonarias, con medicamentos oncológicos de alto costo. Todos ellos ahora pueden pasearse por las calles de La Plata, sin ningún tipo de problemas, estando acusados de un grave delito como es el de asociación ilícita, en un negociado con medicamentos que pueden significar la vida o la muerte para personas que padecen cáncer.
Lo que resulta aún más grave, es que existiría un manto de protección para que la investigación no lleguen a los principales funcionarios políticos de la obra social, incluido Antonio La Scaleia y los integrantes del directorio que manejan un presupuesto superior a los $8000 millones, recursos que salen de los aportes que se le descuentas todos los meses a los estatales, docentes y policías de la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, según pudo saber Hoy, dos nuevas denuncias fueron presentada en los últimos días por Idelmar Seillant y Alejandro Chavero, presidente y vice de la Asociación de Profesionales del IOMA, ante la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata.
Una de las presentaciones apunta a un desfalcó millonario que se habría cometido con gasas de ácido hialurónico, que se habría pagado sin indicación médica, clínica ni farmacológica. “Este escándalo explotó en la obra social durante los años 2008 y 2009. Las autoridades de la obra social, en aquel entonces, afirmaron que se iban a presentar a la Justicia para denunciar y sospechosamente nunca lo hicieron. Por eso nosotros aportamos las pruebas para que la Justicia vaya a fondo: estamos hablando que, aquel entonces, la estafa era por $5,2 millones que, si lo traspolamos a números actuales, estaríamos hablando de $15 millones”, explicó Seillant. Y agregó: “Creemos que varios funcionarios políticos deberán dar explicaciones, empezando por La Scaleia, los integrantes del directorio, el director general de Administración, Alejandro Víctor Fernández y el director General de Prestaciones, Alejandro Vitale”.
La otra presentación es aún más delicada. Desde la Asociación de Profesionales denunciaron ante Delitos Complejos la existencia de troqueles truchos y/o adulterados que llevaron a que el IOMA pagará millones de pesos en medicamentos que nunca fueron prescriptos.
“Pudimos detectar la existencia de una oscura red. Concretamente, numerosas recetas que salían de las farmacias, pasaban por Farmalink (una de las gerenciadoras que trabaja en el IOMA, que supuestamente se debería encargar de validar las recetas y que estaría vinculada a la industria farmacéutica), llegaban al IOMA y luego pasaban al archivo, eran vueltas a ser insertadas dentro del sistema, cuando deberían haber sido destruidas”, explicó Seillant.
Según los denunciantes, los mismos funcionarios salpicados por estas denuncias son los que tendrían que haberse visto alcanzados por las denuncias con los medicamentos oncológicos. Afirman, en ese sentido, que es muy poco creíble que este tipo de maniobras se hayan podido realizar (se llegó hasta el extremo de instalar heladeras en la sede la obra social, donde se mantenía la cadena de frío de los remedios oncológicos que luego eran introducidos en el mercado negro), durante años, y las autoridades no tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Las internaciones domiciliarias en la mira
En la Justicia de La Plata, también se estarían investigando irregularidades con el servicio de las internaciones domiciliarias.
Concretamente, existen pacientes que necesitan cuidados o internaciones domiciliarias en virtud de su patología crónica y necesidades de la situación clínica. En los periodos en que la enfermedad no se agudiza, esto evita la internación en efectores de salud y ayuda a mantener la contención familiar, si la hubiera. Ahora bien, varias de las empresas de internación domiciliaria no son controladas ni fiscalizadas por el IOMA: el instituto hace convenios directos con las empresas sin auditorias previas. Y algunas de ellas, que estarían relacionadas con miembros del directorio, serían beneficiadas con pagos anticipados.
Asimismo, el IOMA no controla si el paciente recibe la atención médica facturada en los días conveniados, ni la concurrencia del terapista ocupacional, kinesiólogo y demás prestaciones constadas en los turnos programados. Tampoco estarían corroborando la existencia física del afiliado ya que se han presentado casos en los cuales se solicita la internación domiciliaria y todos los profesionales son doblemente pagados en el geriátrico u hogar donde se encuentra el afiliado.
El auditor controla sobre la base de un resumen de historia clínica escrito por un colega médico con diagnóstico. Es decir, no ve al paciente, ni sabe lo que este realmente necesita para no dar en exceso o en forma escasa los recursos que la situación clínica amerite. Estas empresas pueden funcionar en un garage o en un local determinado sin infraestructura dado que el convenio con IOMA se realiza con los empresarios en forma directa, y no se requiere habilitación especial para trabajar con la obra social.