Olavarría: luego del fallo piden que se quite la tasa del combustible

La justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata declaró inconstitucional la ordenanza que gravó la venta de combustible líquidos en San Miguel del Monte, una tasa que se cobra en 14 municipios de la Provincia y fue objeto de controversia a fines de 2014.

Y la declaró inconstitucional por entender que se trata de una doble obligación que se superpone a impuestos coparticipables y “colisiona con el régimen constitucional”.

Rápidamente, en Olavarría, los concejales radicales recordaron este perjuicio para el Municipio que “afecta a todos los vecinos de manera no equitativa", 

Además del pedido para la suspensión del cobro solicitan al Ejecutivo municipal "destine los fondos que ya fueron recaudados por esta Tasa a obras de infraestructura de las escuelas del Partido”.

Por otro lado, hay preocupación en el municipio de Junín, una de las comunas massistas que aplican este gravamen.

El portal de La Verdad precisa que “la medida se aplica desde el 1 de enero del año pasado, a pesar de la medida cautelar presentada y que aguarda resolución definitiva en la Corte Suprema de la Provincia sobre el tema de fondo: la constitucionalidad de la tasa. Y que ahora, ya cuenta con el antecedente negativo de este juez de La Plata”.

Los catorce municipios que aplican este gravamen son Monte e Ituzaingó (FpV), San Miguel, Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Olavarría, San Fernando, Merlo, San Martín, Junín y Tigre (FR), además de Vicente López (PRO) y San Isidro.

Como se recordará, el pasado martes, el juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, consideró que “toda vez que los municipios bonaerenses coparticipan del impuesto a los combustibles líquidos (…), la instauración de una tasa sobre un bien ya gravado, genera una doble imposición que colisiona con el régimen constitucional”.

El magistrado recordó que el ordenamiento legal vigente “compromete a las provincias como a los municipios a no establecer gravámenes locales sobre los combustibles líquidos y los lubricantes con impuesto alguno”.

Cabe señalar que la causa fue abierta tras la presentación de los concejales radicales de Monte, Walter Wilson Rizzoli, Sandra Gladys López, Arturo César Deferrari y Horacio Alberto Rey, quienes solicitaron una “declaración de certeza”, invocando el carácter de ediles y de habitantes del municipio en condición de afectados.