Partió la Fragata y Cristina sobreactúa

Ayer zarpó desde el puerto de Ghana, donde estuvo retenida durante semanas. El 9 de enero, el buque anclará en Mar del Plata.

La Fragata Libertad zarpó ayer de regreso al país, luego de permanecer casi tres meses retenida en el puerto de Tema, en Ghana, por el pedido de embargo que impulsó un fondo buitre contra la Argentina.

El retorno del buque escuela de la Armada se produce a cuatro días de la sentencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que ordenó su “inmediata liberación” ante un reclamo que impulsó la Casa Rosada contra Ghana. Fuentes militares informaron que ayer por la mañana se realizó la correspondiente carga de combustible y el acondicionamiento del buque para su partida. Los 98 efectivos de la Armada que partieron el martes desde Buenos Aires se sumaron a los 44 tripulantes que quedaron desde octubre pasado con el objetivo de preparar el alistamiento del barco.

La presidenta Cristina Fernández anunció que la Fragata arribará el 9 de enero próximo al puerto de la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Y justificó esa decisión afirmando que todos los ciudadanos “están en condiciones” de estar en “La Feliz” para visitar la embarcación. Falso. La realidad es que se vienen unas vacaciones extremadamente ajustadas, producto de la recesión y la inflación que están pulverizando el poder adquisitivo de la clase media y de los sectores populares. 

Uno de los ejemplos más representativos son, precisamente, los sueldos de los militares, gendarmes y prefectos que siguen percibiendo un porcentaje muy importante de sus haberes en negro y que, aún peor, el Gobierno incumplió sus promesas de otorgar una importante mejora salarial antes de fin de año. 

La falta de recursos, sumada a la decisión política de seguir dañando a las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, llevó a que la Presidenta aún no haya firmado la propuesta de una nueva escala salarial, que fijaba incrementos del 30% al 60%, según las jerarquías y categorías militares. Esta iniciativa, que se elaboró tras la sublevación de prefectos y gendarmes en octubre pasado, apuntaba a modificar el polémico decreto 1305/12, que se dictó en agosto para blanquear el salario y eliminar suplementos no remunerativos que percibía el personal militar y que fue suspendido a raíz de las protestas de los suboficiales de la Gendarmería y de la Prefectura, a las que se sumaron sus pares de la Armada, dado que los efectivos se encontraron con importantes quitas en los salarios de bolsillo.

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