Pauta oficial: funcionarios K al banquillo
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento que había beneficiado al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y al secretario de Medios, Alfredo Scocimarro. Están acusados de “abuso de autoridad” por el manejo de fondos que habrían sido dirigidos a empresas amigas.
El exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el actual secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scocimarro, seguirán siendo investigados. Pese a que apelaron a sus usuales recursos para evadir a la Justicia, la Sala II de la Cámara Federal revocó los sobreseimientos dictados por el juzgado federal 1, a cargo de María Servini de Cubría, por considerar "prematura" esa resolución.
La causa hace referencia a una denuncia que nuestro diario ha realizado en forma permanente, y que tiene que ver con los manejos arbitrarios que realiza el gobierno nacional con la caja para la propaganda, y cómo se extorsiona a los medios de comunicación que no responden a sus requerimientos. De manera particular, la Justicia evalúa la "paulatina merma" de publicidad oficial que se verificó en medios opositores desde el año 2010 hasta llegar a los períodos de exclusión completa "transcurridos durante el primer trimestre de 2012 y entre septiembre de ese año y septiembre de 2013".
Para los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, deben analizarse las conductas penales a pesar de que los hechos sobre la distribución de la publicidad oficial fueron tratados en el fuero contencioso administrativo. "La evaluación independiente de las conductas desde la perspectiva penal deviene ineludible", sostuvo la Cámara.
Recorrido judicial
En junio del año pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo Nº 4 hizo lugar parcialmente a la demanda presentada contra Abal Medina y Scoccimarro y ordenó que se "disponga la elaboración y presentación en la instancia de origen y en el plazo de 30 días de quedar firme la presente, un esquema de distribución de publicidad oficial que comprenda a las emisoras América TV, Telefé, Canal 9, la Televisión Pública y Artear". En aquel momento, los magistrados descartaron iniciar cargos contra ambos funcionarios.
Scoccimarro y Abal Medina también son los mismos funcionarios que habían sido citados en una causa por la publicidad en el Fútbol para Todos. Finalmente, la Cámara anuló ese procedimiento y el expediente volvió a foja cero, apartando al juez federal Claudio Bonadio del caso.
En este proceso, han sido muchas las maniobras y presiones que desde el oficialismo se tejieron para exculpar a sus funcionarios, las cuales pueden verse también y más claramente en el caso que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la compra de la exCiccone (ver aparte). En todo caso, el fin es siempre el mismo: garantizar la impunidad K, ahora, y sobre todo, cuando dejen el poder en 2015. Esta vez, la estrategia parece no funcionar.
Boudou quiere declarar “a más tardar”, la próxima semana
En un intento por imponer los tiempos de la política a la Justicia, los abogados de Amado Boudou presentaron ayer un escrito donde solicitan al juez Ariel Lijo que su declaración indagatoria, pautada para el próximo 15 de julio, “se desarrolle en el transcurso de la próxima semana, a más tardar”.
En su argumento, el vicepresidente plantea una pelea contra los medios de comunicación, a los cuales acusa de cometer un “linchamiento mediático”. De manera curiosa, agrega que la citación se debe simplemente a tapar las supuestas buenas noticias que rodean al gobierno nacional, como ser el acuerdo con el Club de París. Además, protesta por qué el mismo día que deberá declarar por los delitos que se le imputan, estará ejerciendo la presidencia ante la ausencia de Cristina Kirchner.
Así, mientras espera que (no) se haga justicia, y se manifiesta deseoso de declarar, Boudou se mantiene alejado de la prensa y aprovecha la agenda oficial para visitar países extranjeros en asuntos protocolares. Cabe recordar que el vicepresidente está acusado de haber accionado para quedarse con la imprenta Ciccone y así lograr contratos millonarios con el Estado, sobre todo con la impresión de billetes: el delito que se le imputa en esta causa es "negociaciones incompatibles con la función pública".
El cavernícola Kunkel presiona a Lijo
El diputado ultrakirchnerista, Carlos Kunkel, aseguró ante la prensa que si el Juez Ariel Lijo, quien investiga a Boudou, “no actúa correctamente, será investigado". En ese marco, el legislador dijo que "los grandes medios concentrados se han dado por hacer campañas mediáticas muy intensas" y denunció que "hay presiones sobre los miembros del Poder Judicial".
Cabe recordar que Kunkel es uno de los principales operador políticos del kirchnerismo en el Congreso Nacional, por lo que sus palabras demarcan una antesala de la estrategia kirchnerista para que se condene por corrupción a uno de sus máximos referentes.
Las declaraciones del dirigente oficialista se da en el marco del avance en la causa que pone sobre las cuerdas al vicepresidente de la Nación, quien habría incurrido en el delito de “tráfico de influencias” e incompatibilidad con las funciones públicas.