Procesan a La Morsa, Capitanich y Abal Medina

Se los imputa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” ante el manejo irregular de los fondos del Fútbol para Todos.  Además, les trabaron embargos millonarios

Otro día de goles en contra para  los exfuncionarios del kirchnerismo. A los reveses judiciales que en la víspera sufrieron Amado Boudou, Julio De Vido y Ricardo Jaime, se les sumaron ayer los procesamientos de los tres últimos jefes de Gabinete K: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal 

Medina, en el marco de la causa Fútbol para Todos (FPT).

En su fallo, la jueza María Servini de Cubría les imputó a los tres exministros el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber controlado los fondos del FPT y no haber licitado los contratos de esponsoreo con la empresa Iveco. 

La medida se hizo extensiva al presidente de la AFA, Luis Segura, y a los dirigentes de esa entidad Carlos Portell, José Lemme, Eduardo Spinosa (todos extesoreros), Rafael Savino y Miguel Ángel Silva (exsecretarios generales) y el exgerente financiero de AFA, Rubén Raposo, por “administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. 

Servini de Cubría también dispuso el procesamiento del exvicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, por el delito de “peculado”, y del excoordinador de FPT, Pablo Miguel Paladino, por “violación de los deberes de funcionario público”.

Todos los procesamientos fueron dictados “sin prisión” preventiva, por lo cual ninguno de los imputados irá, por ahora, a prisión. En tanto, la sentencia dispuso declarar “extinguida” la acción penal contra el expresidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, “por prescripción” en virtud de su muerte el 30 de julio de 2014.

Los embargos

La magistrada trabó un embargo por 50 millones de pesos a Segura, en tanto que sobre los exjefes de gabinete recayó un embargo por 10 millones de pesos. Los otros exdirectivos de la AFA procesados (Savino, Silva, Portell, Lemme, Spinosa y Raposo) fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno, mientras que Mariotto, por 5 millones de pesos.

El origen

La causa se  en mayo de 2014, a raíz de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien apuntó a modificaciones en el convenio entre la AFA y el anterior gobierno, al irregular manejo de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión de los partidos. 

Para la jueza, los fondos aportados por el Estado dejaban de ser “públicos” cuando ingresaban a la órbita de la AFA, y desde ese momento los directivos del fútbol encargados de la distribución hacia los clubes habrían cometido la defraudación,  “mediante el descuento de cheques en cuevas y financieras”.