Procesaron a Ricardo Echegaray y Cristóbal López fue detenido

El juez Julián Ercolini procesó a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación al Estado, a partir de una deuda generada en la AFIP de 8.000 millones de pesos, que correspondían al impuesto a los combustibles. 

A los dueños del Grupo Indalo se les dictó además la prisión preventiva. Anoche, a última hora, López se entregó en una sede de  la Gendarmería y pasó la noche en el Edificio  Centinela de Capital Federal.

En tanto, De Sousa fue detenido ayer por la tarde en su departamento de Puerto Madero. El magistrado además les dictó un embargo que supera los 17.000 millones de pesos.

La maniobra que motivó las actuaciones se realizó a través de la empresa Oil Combustibles SA, con la cual, según la Justicia, los empresarios se hicieron de los fondos no abonados para acrecentar su patrimonio por medio de la adquisición de diferentes compañías. Las irregularidades del organismo recaudador y sus funcionarios habían sido denunciadas por el diario Hoy en reiteradas ocasiones, situación que le valió una fuerte persecución a este medio durante el gobierno anterior.

A nivel judicial, la causa se inició en marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la que señaló que las autoridades de la AFIP, durante la gestión de Echegaray, permitieron a Oil Combustibles SA “no abonar en tiempo y forma” el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y con el “uso indebido del dinero” acceder a “capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo. A su vez, la presentación sostuvo que parte del dinero recaudado “fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los exmandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades”.

Las responsabilidades del exfuncionario

El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está apuntado como supuesto autor del delito de “administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. El juez Ercolini lo procesó acusándolo de otorgarle “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada planes de pago a Oil Combustibles SA por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles líquidos correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015”.

“El administrador federal convalidó los trámites llevados adelante, a sabiendas de que no correspondía hacerlo”, señaló el juez en su fallo. Además, al procesarlo, consideró que “tenía la potestad de dirigir al organismo, ejercer las facultades que las leyes le asignaban a la AFIP y percibir, recaudar, exigir y ejecutar los tributos, actividades que fueron ejercidas de manera direccionada de acuerdo a la conveniencia del caso para beneficiar a la contribuyente Oil Combustibles SA”.

Por su parte, Gerardo Pollicita, fiscal de la causa, había planteado que desde la AFIP junto con los empresarios y sociedades sospechadas se estableció una “maniobra fraudulenta en contra de las rentas de la Nación en sumas miles de veces millonarias, cuyos fondos obtenidos irregularmente habrían sido utilizados para la expansión del conglomerado societario de López y De Sousa”.

La fortuna generada por López

A pesar de lo que popularmente se creía, López no generó su mayor crecimiento por medio de las ganancias obtenidas del juego, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro Nacional. La fortuna alcanzada con las máquinas tragamonedas y los juegos de azar le habría servido para girar divisas al exterior e iniciar nuevos negocios, como la compra de un casino en Florida, Estados Unidos.

Ercolini había indagado a los 21 imputados en el expediente judicial, entre ellos a los propios López, De Sousa y Echegaray, y había ordenado una inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo. El juez decidió las detenciones por considerar como una obstrucción a la Justicia el haber vendido el paquete accionario de dicho grupo empresario, violando la inhibición dictada oportunamente. A la fecha, según la actual gestión del ente fiscal, la deuda de Cristóbal López asciende a más de 10.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios.

Contra las cuerdas

Mientras que Fabián de Sousa fue detenido luego de una serie de allanamientos efectuados ayer a la tarde por Gendarmería en distintos edificios de la zona de Puerto Madero, Cristóbal López, quien reside en el mismo barrio, no fue encontrado en su domicilio. Por ese motivo, el juez Julián Ercolini dictó una orden de captura para el empresario de estrecha vinculación con la familia Kirchner. Finalmente, pasadas las 23, el exzar del juego se puso a disposición de la Justicia.

Carlos Beraldi, abogado López, hizo un pedido de eximición de prisión para sus defendidos (también asesora a De Sousa), pero el magistrado recién se expedirá hoy al respecto.

El juez entendió que los dueños del Grupo Indalo han desplegado “diversas conductas tendientes a impedir la conservación de la garantía jurisdiccional” y que demostraron “voluntad de apartarse de la manda judicial”.