Provincia de Buenos Aires: la más castigada por las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei

Según fuentes oficiales, la Provincia de Buenos Aires registró una disminución del 24% en términos reales en la recepción de recursos nacionales, lo que representa un ajuste de $2,14 billones de pesos, significativamente mayor en comparación con otras regiones del país, para el período de enero a agosto de 2024 frente al mismo lapso de 2023.

Ante esta situación, Axel Kicillof y sus funcionarios han denunciado reiteradamente el impacto desproporcionado de estas políticas sobre Buenos Aires, la provincia más poblada y una de las más productivas del país. “Los números son claros y confirman nuestras advertencias: nuestra provincia está siendo severamente perjudicada por las decisiones tomadas a nivel nacional”, expresaron recientemente.

Esta limitación en la asignación de fondos afecta profundamente la capacidad de la Provincia para sostener programas sociales y de infraestructura esenciales, restringiendo los recursos vitales para sectores como educación, salud y obras públicas. Este ajuste no solo plantea un desafío financiero, sino que amenaza la estabilidad de Buenos Aires en un contexto de inflación creciente y demandas sociales en aumento.

Las autoridades provinciales han señalado que estas medidas del gobierno central tienen como objetivo equilibrar sus cuentas a costa de las provincias, siendo Buenos Aires la más afectada. Aunque los recortes son extensivos a nivel nacional, la situación crítica de Buenos Aires es especialmente destacable, dada su importancia para la economía del país y su posición política claramente opuesta a la del Presidente Javier Milei.

Asimismo, se mencionó cómo otras regiones también enfrentaron reducciones: la región Centro con un 16%, NOA con un 17%, Patagonia con un 19% y Cuyo con un 18%. Sin embargo, ninguna región experimenta una situación tan extrema como Buenos Aires.

El impacto de esta reducción de recursos ya se está sintiendo en la Provincia y, si no se modifica esta tendencia, las consecuencias podrían ser aún más graves.

La disminución en la entrada de fondos nacionales podría resultar en recortes a servicios fundamentales, afectar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de infraestructura existente. Además, podría limitar la capacidad del gobierno provincial para manejar emergencias y sostener programas.