Revocaron el sobreseimiento de un exfuncionario por el incendio de Iron Mountain

La tragedia desencadenada a consecuencia del fuego ocurrió en Barracas en 2014 y puso en jaque al hoy Presidente Mauricio Macri. Un fallo de la Justicia definió que el delito no prescribió para uno de los involucrados

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala VI decidió revocar la resolución judicial que declaró extinguida por prescripción la acción penal contra Matías Nicolás Griffo, y lo sobreseyó en consecuencia, respecto de su responsabilidad en el incendio en un depósito de la empresa Iron Mountain ocurrido en la mañana del 5 de febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas. El siniestro provocó diez víctimas fatales, entre las que se encontraban bomberos y rescatistas que trabajaban en el lugar.

La decisión fue tomada por los jueces de cámara Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, dejando constancia que este último intervino como subrogante de la Vocalía n° 3, dado que el juez Mariano González Palazzo, subrogante de la Vocalía n° 10, se encontraba de licencia. Para revocar el sobreseimiento los magistrados se basaron en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, número 25.188.

“Su fin es evitar que se usufructúe un espacio de poder, pues aquellos están obligados a cumplir con ciertos deberes y pautas de comportamiento ético que los distingue de cualquier otro ciudadano. A estos los protegen justamente de los abusos del Estado y son garantes de su patrimonio y seguridad”, cita el fallo. Además, el texto destaca que casos como el de Griffo son más relevantes porque “el bien jurídico que tutela la figura de cohecho es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública”, y por ello “se pretende que aquellos actúen o desarrollen sus tareas sin otro aliciente que el deber, por un lado, y el sueldo que reciben del Estado, por el otro”.

Irregularidades ocultas, tragedia evitable

Como inspector de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Griffo habría realizado un informe técnico favorable que posibilitó, pese a las irregularidades advertidas, la expedición del certificado de inspección final del servicio contra incendio del predio donde estaban las instalaciones de Iron Mountain. “Vale decir, si el certificado pudo haber contribuido o facilitado el funcionamiento de la empresa en las condiciones en las que se produjo el siniestro. No como único factor, sino en un conjunto de irregularidades coadyuvantes al resultado”, señalan los camaristas.

Cabe destacar que los peritajes de la Policía Federal determinaron que el incendio fue intencional. Una de las hipótesis es que la empresa, en complicidad con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conducido en ese entonces por el actual Presidente de la Nación Mauricio Macri, generaron las condiciones propicias para que se generara el fuego y así poder destruir información sensible de sus clientes.

El depósito de la empresa norteamericana, que brinda servicios de resguardo de información, era un depósito de archivos bancarios. Entre las cajas incineradas había material de Sideco, empresa de la familia Macri, además de las empresas Swiss Medical, el banco HSBC y Cablevisión, entre otras. Luego de que se haya podido apagar el incendio, se rescataron 1.730 cajas que no se habían quemado del todo, con rótulos que levantaron las sospechas: “Lavado de dinero”, “Lavado de dinero premier” y “Lavado offshore”.

Edgardo Castro denunció las fallas en los controles por parte del gobierno de Macri a la empresa Iron Mountain, y el entonces gerente operativo de inspección del gobierno porteño, Fernando Cohen, admitió en una cámara oculta difundida que el actual Presidente llamaba por teléfono a funcionarios y a inspectores para frenar clausuras que pretendían realizar a comercios y establecimientos de propiedad de sus amigos.