Sabbatella cada vez más denunciado

El interventor de AFSCA, Agustín Garzón, amplió la denuncia contra Martín Sabbatella por “abuso de autoridad”, que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini, luego de que el ex funcionario kirchnerista trató de entrar el miércoles al edificio del organismo.

“Estuve declarando en la Comisaría 3° para alertar sobre el intento de Sabbatella de ingresar al organismo junto con otra gente”, dijo Garzón. “Lo hizo con un tono muy violento y amenazante contra quienes trabajan ahí y hacia la policía que custodiaba el lugar, así que pedí que el juez tome las medidas para resguardar los bienes, los documentos y las personas”, agregó.

Es que Sabbatella trató infructuosamente de ingresar al edificio de Suipacha al 700, luego de que el juez contencioso-administrativo de La Plata, Luis Arias, estrechamente vinculado con el kirchnerismo, hiciera lugar a una medida precautelar beneficiando al delegado de AFSCA en esa ciudad. Sin embargo, hasta el propio  Arias dijo que “la intervención sigue. La medida no implica el cese de la intervención, ni el regreso de las autoridades anteriores”. De hecho, el Gobierno aclaró que el juez Arias es “incompetente” para llevar esta causa, ya que debe ser tramitada por un juez federal.

Sabbatella ya había sido desalojado del edificio de AFSCA el jueves 24 de diciembre, por orden de Ercolini, que además allanó el organismo, luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de impulsar la denuncia original de Garzón e imputarlo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

El argumento en esa oportunidad fue que Sabbatella se mantuvo como titular de AFSCA, pese a que fue removido por un decreto del presidente Mauricio Macri; y si bien Sabbatella se resistió a acatar la decisión del juez, poco antes de la medianoche se retiró del edificio acompañado por agentes de la Policía Federal.

 Garzón es el interventor de AFSCA desde el 23 de diciembre, cuando el Gobierno dispuso intervenirla junto con AFTIC. Desde entonces,Garzón cesó en sus cargos a 63 empleados jerárquicos de AFSCA, mayoritariamente dirigentes de Nuevo Encuentro; y no renovó 45 contratos de personas "que nadie nos supo decir qué función cumplían", dijo Garzón. Y agregó que puso a disposición del fiscal Guillermo Marijuan el listado de los 130 empleados contratados por Sabbatella que "donaban" el 8% de su sueldo bruto al partido político de ese ex funcionario, que con esa metodología recaudaba más de $ 3 millones al año. Además, comenzó a implementarse una auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre las contrataciones, recursos humanos, juicios y expedientes administrativos realizados durante la gestión de Sabbatella, que la semana que viene podría arrojar los primeros resultados.

Cabe recordar que el mes pasado la directora del diario Hoy, Myriam Renée Chávez de Balcedo, presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de La Plata contra Sabbatella por las irregularidades en la entrega de licencias audiovisuales a favor de grupos empresarios kirchneristas, concretadas después del balotaje, en momentos en que se realizaba la transición política.

 “Se trata de procesos viciados de nulidad, dado que por un lado  son decisiones adoptadas por parte de un directorio cuya composición no refleja los resultados de las últimas elecciones y además ejerce una enorme discrecionalidad que deja reducido el derecho de defensa a su mínima expresión. Este argumento tiene importante gravitación pues es doctrina de la Suprema Corte de Justicia que las garantías del debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constitución Nacional) integran el orden público argentino, nacional e internacional, no sólo en procedimientos de carácter penal (cfr. Fallos 328: 3193) sino también en aquellos que versan sobre derechos de contenido patrimonial (cfr. Fallos 319: 2411). El principio del debido proceso es piedra angular de las garantías consagradas en la Ley Fundamental y en los tratados de derechos humanos”, dice una de las presentaciones realizadas por Chávez de Balcedo.

Agrega: “está claro que un ente oficial de la importancia del AFSCA se encuentra en manos de un funcionarios con una parcialidad manifiesta, ya que se comprueba al paso del tiempo que ésta  es  una herramienta de gestión sumamente peligrosa para el amplio espectro de los medios de comunicación en la República Argentina. Especialmente para aquellos que no se alinean al discurso del gobierno que finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre. Esto se enmarca, además, en la infinidad de recursos utilizados contra los medios de comunicación por parte del gobierno actual: escraches, juicios a periodistas, desplantes, agresiones, descalificaciones, intromisión judicial de jueces fuera de jurisdicción, bloqueo de plantas, publicidad oficial utilizada como herramienta de construcción de poder, etc.”.