San Miguel: preocupa en Diputados la policía ilegal del intendente massista


La intranquilidad de los vecinos por ese fantasma del miedo a la vuelta de cada esquina, también está a tono con la intranquilidad política en un distrito donde insólitamente el jefe comunal continúa con el armado de una Policía Municipal paralela, aprobada por el Concejo Deliberante sanmiguelino el pasado 8 de julio, para el ego oficialista de Joaquín De la Torre (FR) y para la indignación de los demás bloques ante un caso “excepcional” en la Provincia desde que se implementó la reclutación de agentes de policías locales.

Pero el no del intendente para adherir a ley provincial N° 13.482, no iba a salirle gratuito. Días después del proyecto de ordenanza aprobado, la tensión llegó a la Honorable Cámara de Diputados provincia, donde en la sesión de ayer se hizo una declaración de Estado de Preocupación por la implementación de cuerpos policiales ilegales y armados en San Miguel.

Días atrás los precandidatos del FpV local (Bruno Braschetti, Alfonso Coll Areco, Carlos Tapia y Franco La Porta) se reunieron con el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, pidiendo que se implemente en San Miguel la policía local dentro de las normativas constitucionales, tras lo cual presentaron un amparo y un pedido de inconstitucionalidad. De hecho, ayer el secretario de Servicios Públicos hizo la convocatoria para inscripciones de la nueva fuerza de seguridad provincial en el distrito que, según adelantó, empezará a funcionar en marzo de 2016.

Volviendo a la Cámara de Diputados, parte del escrito reza en uno de sus párrafos: “El hecho de que el Honorable Concejo Deliberante haya dictaminado a favor de una pretendida norma de notoria inconstitucionalidad nos infunda una gran preocupación. Hemos hecho público nuestro repudio ante la comunidad, pero es hora que esta Honorable Cámara de Diputados se expida, ya que estamos convencidos que el único camino está en el marco constitucional, es nuestra razón de ser y por ese motivo estamos sentados en las bancas.No queremos policías ilegales, queremos cuerpos de seguridad de La Democracia. Esta maniobra profundiza la inseguridad constitucional por la que se rigen los municipios y que pone de rehén a los verdaderos afectados por estos manejos, los vecinos de San Miguel”.