Soria: “La reforma judicial debe incorporar la perspectiva de género”

Durante la jornada pasada se desarrolló un conversatorio en el cual el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, consideró que “la reforma judicial debe incorporar, necesariamente, la perspectiva de género”.

En este sentido, el funcionario manifestó que “desde que el Presidente Alberto Fernández me honró con su convocatoria a formar parte de su equipo de gabinete, coincidimos en que la reforma judicial debe incorporar, necesariamente, la ­perspectiva de género. Es lo que reclama este tiempo histórico y toda la ciudadanía, y es lo que nos impone la cruda realidad del día a día en la Argentina”.

En tanto que sostuvo: “Los sistemas de justicia, y esto no es nuevo, lejos de garantizar los derechos de las mujeres y de las minorías, hoy consolidan violencia y muchas veces estereotipos de género”.

Soria indicó que “la Justicia debe gestionar los conflictos para dar una respuesta de calidad desde una mirada de los derechos humanos y también de género. Muchas veces esto no sucede en la práctica, y somos conscientes de que esto está pasando”.

Estas declaraciones se dieron en el conversatorio, desarrollado virtualmente, denominado “¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial?”.

Del encuentro, llevado adelante a través de la plataforma Zoom, participó la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley y Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, Gómez Alcorta manifestó que el título de la charla “es una pregunta de esta época, que se ha instalado con una fuerza realmente muy potente”.

Además, la ministra mencionó el informe del Observatorio de Democracia Social Argentina. En ese sentido, señaló que entre 2010 y 2015 la credibilidad en la labor de los magistrados “osciló entre el 22 y el 20,8%. Quiere decir que uno de cada cinco argentinos y argentinas creía en el Poder Judicial”. Sin embargo, advirtió que “entre 2015 y 2018 ese 20% bajó al 7,5%. Es una baja enorme en la legitimidad del poder del Estado que tiene una función muy clara, que es garantizar nuestros derechos a intervenir en los conflictos interpersonales”.