Su pasado los condena

Los involucrados en el escándalo por subsidios truchos en la Oncca, fueron premiados por Ricardo Echegaray con altos cargos dentro de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debería ser un organismo intachable, conducido por gente capacitada para dirigir cargos de alta importancia, pero como suele suceder en un país quebrado en sus instituciones, quienes lo comandan no son lo todo claros que deberían ser.
 
A las denuncias contra su titular, Ricardo Echegaray, por el supuesto otorgamiento de subsidios truchos durante su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), y por haberle dado una moratoria excepcional a la exCiccone Calcográfica para que luego fuera adquirida por allegados al vicepresidente Amado Boudou, se le suma una gran cantidad de funcionarios menores que están involucrados en casos teñidos de oscuridad.  Si bien la causa que lo investigó por las supuestas irregularidades en la Oncca terminó en la nada en la Justicia, la sospecha quedó instalada en la sociedad, más cuando muchos de los involucrados en la misma están hoy día ocupando cargos de suma importancia dentro de la AFIP.
 
Uno de ellos es la actual Directora General de Recursos de la Seguridad Social, Silvana Quinteros, cuarta en orden de importancia dentro del ente recaudador. Quinteros, exdelegada de la Oncca en Bahía Blanca y amiga íntima de la esposa de Echegaray, Silvana Oviedo, se vio involucrada en el tema de los subsidios truchos del organismo público, en el caso de la compra del campo "Haciendas Argentinas SA", donde una humilde monotributista de la clase más baja del escalafón, figuraba como dueña del mismo.
 
Diego Garayzábal, responsable máximo de la AFIP en la provincia de Córdoba, es un íntimo colaborador de Echegaray, y al igual que su jefe, fue imputado en la causa por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios a los feed lots en la Oncca. Además, Garayzábal fue denunciado de poseer una red de negocios paralelos a la de su cargo en el organismo estatal, que no serían compatibles con su papel de funcionario público.
 
Otro de los casos es el de Juan María Conte, un ignoto abogado que se ganó la confianza de Echegaray en la Oncca, y que hoy ocupa la Subdirección General de Administración Financiera de la AFIP. Conte manejó las compensaciones millonarias del organismo público, y por ello tuvo que dar explicaciones reiteradas veces por el destino dado a esos dineros.
 
Quien también estuvo envuelto en el caso de los subsidios de la Oncca, es el actual Subdirector General de Técnico Legal Impositiva, Pablo Jorge Aguilera, uno de los hombres de mayor confianza de Echegaray en la AFIP. A Aguilera se lo señala como el responsable de haber introducido en el organismo público a Luis María Capellano, a quien fuentes judiciales atribuían que desde su estudio jurídico se gestionaban los pagos que hacía la Oncca.
 
Otras de las personas que estuvo implicada en el caso y que conoce a Echegaray desde hace más de 30 años, es Fernando Villaverde, que lo acompañó en sus comienzos en la AFIP como Subdirector de Planificación. Villaverde también se ve en el medio de la causa que se le sigue al vicepresidente Amado Boudou por la compra de Ciccone, nombrándose el teléfono de su actual socio Rodolfo Usuna, como uno de los cuales más llamados se hacían al teléfono de Boudou. Tanto Villaverde como Usuna tienen en estos días un estudio desde el cual se asesora a empresas y personas con problemas con la AFIP, desde donde ganan y cobran comisiones millonarias.

Las empresas fantasmas

Durante la conferencia de prensa de ayer, Echegaray calificó a Lázaro Báez como “un contribuyente más”. Pero no pudo desmentir que la empresa Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca.

El funcionario optó por dar a conocer un larguísimo listado de empresas que usan facturas truchas. "Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Lázaro Báez. Hemos tomado la decisión de dar un salto de transparencia y calidad institucional. Hemos decidido poner en nuestra página web los que son usinas de facturas y los que son usuarios de facturas apócrifas. La que debe decidir es la Justicia", anunció.
Austral Construcciones canceló servicios nunca prestados para evadir impuestos, utilizando compañías de Bahía Blanca.

La compra de testaferros

El escándalo sucedido en la Oncca, dejó al descubierto una red de compra de firmas de indigentes para hacerlos figurar como propietarios de feedlots para luego cobrar millonarios subsidios por parte del organismo estatal.

Según investigó la Auditoría General de la Nación (AGN), alrededor de 7 millones de pesos fueron pagados de más a empresas agrícolas y nunca fueron reclamados, descubriéndose así un entramado de corrupción gigantesco en momentos en que Ricardo Echegaray estaba al frente del organismo estatal.

El informe de la AGN fue contundente con la labor de la Oncca, al sostener que “se autorizaron pagos de subsidios por montos hasta un 30% superiores a los solicitados por los beneficiarios, haciéndose sin ninguna fundamentación, y en los casos en que se comprobó que se habían otorgado beneficios de más, nos e articuló ninguna acción de recupero”.

La compra de testaferros entre los sectores más humildes de la sociedad, es lamentablemente una de las prácticas más usadas por parte del poder político a la hora de llevar a delante casos de corrupción, alejando aún un poco más a la clase dirigente de la sociedad.

El principio del fin

El estruendo al interior del kirchnerismo que significó la causa judicial por los subsidios truchos en la Oncca, llevó a la presidenta Cristina Fernández, a disolver el organismo público en 2011, disponiendo la creación de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).

Diversas fuentes consultadas por Hoy, se encargan de remarcar que el acabar con la estructura de la Oncca fue una decisión personal de la Jefa de Estado para de esa manera intentar “salvar” de los reclamos de la Justicia a Ricardo Echegaray y poder seguir contando con sus servicios en el Ejecutivo.

La destrucción del organismo público significó para diferentes sectores opositores cerrar el debate dentro del gobierno y el Congreso nacional de la posibilidad de fijar reglas claras para el tratamiento del mercado agropecuario, lo que dio cabida a que el Estado siga interviniendo a su antojo en el sector que mayores divisas deja para las arcas públicas.