Trabajadores preparan plan de acción y no descartan un paro nacional

Luego de que el oficialismo avance por decreto con la ley que regula las ART y ante la pasividad de la administración de Cambiemos frente al incumplimiento del acuerdo antidespidos, desde la CGT anunciaron que marzo “puede ser uno de los meses más conflictivos” y adelantaron que en la próxima reunión del Consejo Directivo elaborarán un plan de lucha

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmaron ayer que la próxima semana elaborarán un “plan de acción de aquí a marzo” que podría desembocar en un “paro general” si el Gobierno nacional no brinda respuestas a los recientes despidos que se produjeron en distintos sectores de la economía.

Así lo confirmó el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, quien sostuvo que “seguramente la próxima reunión del Consejo Directivo del jueves que viene concluirá en un plan de acción de aquí a marzo”. 

El secretario general del Sindicato de Seguros advirtió que la central obrera nota “una falta de compromiso, primero por parte del sector empresario por no cumplir lo que habían prometido” y, por otra parte, “un congelamiento” del Gobierno “en cuanto a exigir” el cumplimiento del acuerdo antidespidos firmado en noviembre del año pasado.

“Las actividades que provienen del sector industrial están teniendo un fuerte receso en el empleo, y eso repercute en otras actividades como en el sector de servicios y el comercial”, explicó.

Según adelantó el sindicalista, los reclamos de la central gremial serán graduales, su­biendo de tono “hasta llegar a la máxima medida que es el paro general”. Sola explicó que “las medidas rotundas tienen que tener un escenario de tiempo en el cual el efecto sea realmente el deseado” y afirmó que “marzo puede ser uno de los meses más conflictivos”. 

Además recordó que la central “ha participado en dos grandes movilizaciones el año pasado en contra del Gobierno, la primera en mayo antes de la unificación y la segunda en noviembre junto a los movimientos sociales”.

“Se necesita que haya trabajo, estamos en pleno proceso de retroceso del empleo y de las fuentes laborales. Para que los trabajadores pasen a estar registrados tiene que haber un fuerte acomodamiento de la situación económica, algo que no está pasando”, concluyó el dirigente sindical.

La polémica por el decreto que modifica la ley de las ART

El pasado lunes se conoció que Mauricio Macri, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia modificó la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Ante esta medida, que se anticipó al tratamiento parlamentario de la norma y que ya tenía media sanción en el Senado, la confederación gremial puso reparos y adelantó que se trata de un acto “inconstitucional” por parte del Presidente.

Héctor Daer, integrante del triunvirato de la central sindical y jefe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), sostuvo que “coincide con el espíritu de la reforma, pero lamenta el mecanismo del decreto porque podría provocar la declaración de inconstitucionalidad”.

Por su parte, Jorge Sola señaló: “Como miembro de la CGT estamos disconformes con la situación, porque no están dadas las condiciones ni de necesidad ni de urgencia”.

“Está toda la artillería del Gobierno apuntada a bajar la litigiosidad y por ende las alícuotas; en definitiva todo es para cumplir con la baja de los costos laborales”, afirmó Sola.

Despiden a 57 personas cada 24 horas

Un total de 1.551 empleados fueron despedidos en el sector privado en lo que va de enero, el equivalente a 57 trabajadores por día, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El rubro más afectado fue la industria, que atraviesa un crítico período recesivo, afectada por la caída interna y la recesión en Brasil. El informe incluye a 200 trabajadores de la empresa informática Banghó; unos 50 del astillero 

Tandanor; 500 de la textil Alpargatas; 21 de la firma plástica Tramontina, un centenar de la turística Despegar.com; 380 gráficos de AGR, y otros 300 de la UTE que construye las represas hidroeléctricas en Santa Cruz. 

A esos despidos, se les sumaron desvinculaciones en las compañías Cerámica San Lorenzo, Georgalos y Herzo, las tres radicadas en San Luis. 

Estos datos no pueden contrastarse con los informes oficiales ya que los últimos corresponden a noviembre de 2016, en el cual se registró un aumento del 0,3%.

Entre enero y noviembre de 2016, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió que el sector privado formal perdió casi 70.000 empleos, aunque para el Gobierno hubo una tenue recuperación en los últimos meses, sobre todo en el rubro de la construcción. 

Pymes, en estado de alerta 

Las cámaras que agrupan a empresarios de pymes nacionales cuestionaron la advertencia del ministro de Producción, Francisco Cabrera, de abrir importaciones para contener precios, y coincidieron en señalar que así se perjudica a la industria y no se favorece el comercio.

El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirmó que Cabrera “entregó el mercado a bancos y a las corrupciones extranjeras”, mientras que la Confederación General Empresaria (Cgera) se declaró “en estado de alerta” ante la advertencia ministerial.

La Cgera redactó un comunicado, en el que sostuvo que la declaración de Cabrera “de una mayor apertura de las importaciones para bajar la inflación, no es una amenaza del Gobierno sino una realidad y una política de Estado”. 

En tanto, el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar, aseguró que el ministro “no conoce muy bien cómo funciona el comercio, ya que en caso de aumentar los precios, un comerciante no discrimina entre nacional e importado y nada tiene que ver con esto la producción nacional”.