Tras la feria, se reactiva la causa sobre Boudou
La semana próxima la situación judicial de Amado Boudou volverá a complicarse. El fiscal federal Jorge Di Lello prepara una solicitud con una batería de medidas de prueba para avanzar en las causas en las que el vicepresidente -hoy en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a Cuba- es investigado por su incremento patrimonial y porque supuestamente intentó quedarse con la imprenta Ciccone, a través de testaferros.
La fiscalía impulsará un pedido con decenas de declaraciones testimoniales. Di Lello intenta precisar con ellas la ruta del dinero que llegó a las arcas de la ex imprenta Ciccone, con el propósito de sanearla y evitar su quiebra.
Además, la fiscalía prepara otra medida para relanzar el caso en el que se investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo ha recabado ya centenares de documentos sobre los bienes del vicepresidente, sus declaraciones juradas y las de sus familiares cercanos, además de la información fiscal de su novia, Agustina Kämpfer.
A fines del año pasado, el juez Lijo ordenó en el expediente hacer un peritaje, pero nunca lo puso en marcha. Di Lello quiere motorizar esa parte de la causa, por lo que pedirá la designación de un perito contador con la intención de iniciar el análisis de las cuentas de Boudou, sin perjuicio de la documentación pedida por el juzgado mediante centenares de exhortos enviados a fines del año pasado. Las respuestas a esos exhortos aún no llegaron a los tribunales.
Entre los testigos que el fiscal quiere escuchar se cuentan los titulares de las mutuales y cooperativas de crédito que aparecen aportando los fondos que le permitieron a la ex Ciccone zafar de la quiebra y mantener su giro comercial, pagando sueldos y sin despedir empleados.
Se trataría, al menos, de $ 50 millones. Esos fondos, según Alejandro Vandenbroele, abogado monotributista y ex director de la ex Ciccone hasta su estatización, provino de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, Federalia Sociedad de Finanzas y Maxifarm. Todos esos aportes de dinero están unificados en cabeza de Mayer Business Corporation, propiedad del banquero Raúl Moneta y la misma sociedad que realizó el primer aporte de capital en The Old Fund, a través de la accionista uruguaya Dusbel, en octubre de 2010.
El fiscal quiere, además, que desfilen por tribunales los titulares de las cooperativas de crédito y mutuales que aparecen en el pase de manos del dinero que aterrizó en la ex Ciccone. Quiere que expliquen cómo fue la asistencia financiera a la empresa y de quién era la plata.