Uso de datos personales, en la mira: nueva denuncia involucra a Dienst Consulting

Apuntan a la relación entre la empresa que controla las licencias docentes en la Provincia y la Federación de Camioneros, en cuyas sedes comenzaron a realizarse los exámenes psicofísicos para obtener el permiso de legítimo usuario de armas de fuego

Mientras la Justicia Federal avanza en la investigación por las irregularidades millonarias que se habrían detectado en el contrato firmado entre la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar) y la empresa Dienst Consulting, vinculado al nuevo sistema de realización de exámenes psicofísicos para la obtención de la credencial de legítimo usuario de armas de fuego, ayer se conocieron detalles de otro escándalo que derivará en una nueva denuncia penal. Concretamente, casi todos los lugares que se habilitaron en los últimos días para realizar esas evaluaciones, en Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, son centros médicos ubicados en dependencias de la Federación de Camioneros. 

El abogado Adrián Bastianes afirma que las evaluaciones deberían realizarse en dependencias de la propia agencia gubernamental. “Por eso, a primera hora de mañana (por hoy) estaré formalizando una nueva denuncia penal”, dijo el letrado a diario Hoy. Cabe recodar que Bastianes es el abogado que, tras una investigación realizada por este diario el 27 de abril de este año, cuando se conoció la resolución adjudicando el nuevo sistema a  Dienst Consulting, presentó una demanda en los tribunales de los Comodoro Py. Pocos días después, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la investigación (actualmente se encuentra bajo secreto de sumario), imputó por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta” a la titular de la Anmac, Natalia Gambaro, y realizó dos allanamientos en las oficinas de la ex-Renar. 

El nuevo sistema que puso en marcha el Gobierno nacional implicó una fuerte suba del costo para obtener la credencial de legítimo usuario para quienes viven en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: pasó de 800 a 4.500 pesos. A su vez, se introdujeron otras modificaciones, tales como tener que ingresar a una web privada para la carga de datos personales y para la impresión de un formulario de pago, cuyo monto debe ser abonado en el banco HSBC en una cuenta a nombre de la empresa Dienst Consulting SA. Una vez cumplimentado ese pago, recién se habilita la finalización de la carga de datos personales y se emite el correspondiente turno para el examen.

En ese sentido, la denuncia que se presentará hoy a primera hora hará referencia a que con este nuevo sistema una empresa privada y una entidad sindical tienen libre acceso a la base de datos de todos los legítimos usuarios de armas de fuego del país, incluyendo información extremadamente sensible, como son los datos antropométricos y hasta historias clínicas. A su vez, Dienst Consulting, que recibe cada vez más reclamos por los abusos cometidos en la tarea de contralor de las licencias médicas de docentes y auxiliares de la Provincia de Buenos Aires (contrato firmado en 2009 y que fue prorrogado), tiene facultades discrecionales delegadas por el propio Estado para decidir a quién le da la aptitud médica y a quién no. 

La adjudicación realizada por Gambaro, en los hechos, generó un servicio monopólico que pasó a estar regenteado por Dienst Consulting, poniendo fin a un esquema que permitía a profesionales de todo el país, debidamente habilitados, emitir la certificación psicofísica.

La relación entre Dienst Consulting y los Camioneros también aparece en una compañía periodística de Bahía Blanca, que fue adquirida el año pasado por el abogado Guillermo Martín, titular del Dienst, en sociedad con el empresario del transporte, Gustavo Elias. Este último, según denunció oportunamente la legisladora Graciela Ocaña, tendría estrechos vínculos comerciales con la familia de Hugo Moyano, y lo llegó a calificar de “testaferro”.

“Elías aparece como si fuese un testaferro o un generador de negocios de Moyano”, en muchas de las empresas vinculadas al camionero, declaró Ocaña en el año 2011. En ese sentido, uno de esos negocios habría sido la cesión por diez años, sin licitación, de dos predios en el Puerto de Buenos Aires y la facultad de cobrar 14 dólares por cada contenedor que se mueve allí, para certificar su integridad y la aptitud del transportista. La presentación del certificado, en aquel entonces, era obligatoria. Y la Federación de Camioneros le cedió los terrenos y la tarea de certificación al Instituto Verificador del Transporte (Ivetra), una empresa privada en cuyo directorio participaba el mencionado Elias y quien era el abogado de Moyano, Daniel Llermanos.

Recurso de amparo para frenar el nuevo sistema

El pasado viernes, en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 4 ingresó un recurso de amparo en el que se pide suspender el nuevo sistema de obtención de certificados psicofísicos para la obtención de la credencial de legítimo usuario de armas de fuego. Este sistema se puso en marcha a partir de una resolución firmada por la titular de la Anmac, Natalia Gambaro.

“El Gobierno nacional fomenta entre sus ciudadanos una impertinente división que atenta contra la igualdad y los Derechos Humanos, al considerar que los ciudadanos que no son funcionarios o jueces y viven en cualquier provincia que no sea Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe son la clase seleccionada para abonar la suma de $4.500 para obtener una condición registral sin adentrarse en el análisis y las diferencias de la legalidad del legítimo usuario de armas registradas”, afirma la demanda. 

Además, agrega: “Con esta particular visión que se pone de manifiesto con la resolución, resulta entonces que los ciudadanos son de diferentes clases para el Anmac, en franca violación a lo establecido por la Carta Magna en cuanto al principio de igualdad de la ley”.

“Como conclusión de esta situación, el ciudadano que ejerce un derecho constitucional y se ajusta a la ley al ser usuario de armas registradas, acreditando acogimiento a la ley e idoneidad para acceder a la condición de legítimo usuario, pasa a ser discriminado, estigmatizado y tratado en forma desigual al ser considerado como integrante de una única gran masa de ciudadanos que deben abonar una suma sideral para obtener una condición que no le es exigida solo por su domicilio”, concluye.