deuda con el fmi

Zannini buscará que Macri sea condenado por “administración fraudulenta”

El Gobierno instruyó al procurador general del Tesoro para que sea quien conduzca la querella penal en la causa que tramita contra Macri por el préstamo de 57.000 millones de dólares que le solicitó al Fondo Monetario Internacional.

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El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, será el encargado de constituirse como querellante en representación del Estado en la causa penal iniciada contra el expresidente Mauricio Macri por supuesta “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” por el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se estableció por medio del decreto 239/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del Presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, del ministro de Justicia, Martín Soria, y de su par de Economía, Martín Guzmán, y en cuyo artículo 1° “instruye al procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa n° 3.561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

El citado artículo resalta además la necesidad de que Zannini “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.

Además, el artículo 2 instruye a que se disponga a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.

Del mismo modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) “para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del acuerdo stand-by iniciado a través de la carta de intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”. Las autoridades también solicitan la “colaboración” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.

La denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el actual director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, formó parte de la documentación que la conducción de esta última institución financiera elevó a la Sigen.

El Gobierno precisó que el acuerdo fue por un monto total de 57.000 millones de dólares por el organismo de crédito multilateral durante la gestión de la francesa Christine Lagarde como directora gerente, y para esa labor pidió la “colaboración” del Banco Central.

Fernández señaló en la apertura de las sesiones legislativas que “sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”.

En el marco de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la Oficina Anticorrupción y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini.