Comienza el juicio por el macabro crimen de un subcomisario en el tren Roca

Dos expolicías, uno de la PFA y otro de la Bonaerense, comenzarán a ser juzgados desde hoy por el crimen del subcomisario Jorge Gutiérrez, hermano del exintendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, quien fue asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a La Plata, informaron fuentes judiciales.

El juicio, que estará a cargo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata y se desarrollará desde las 9 en la Sala A de la planta baja de los tribunales platenses, tendrá en el banquillo de los acusados al excabo de la Federal, Alejandro Santillán, y al exefectivo de la Bonaerense, Francisco Mostajo, acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía”.

Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca.

Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen de Gutiérrez ocurrió cuando este investigaba lo que ocurría en “depósitos de mercaderías vinculados al caso de la Aduana paralela, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem”.

Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes, cuando a la altura de Sarandí fue abordado por dos hombres uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.

Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en noviembre de 2013 emitió su sentencia y declaró a la Argentina responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.

“En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación”, precisó el comunicado del CELS.

La CIDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.