Denuncian que un niño sufrió abuso sexual y lesiones en una institución educativa de Chascomús

Esta semana trascendieron algunos detalles de las dos denuncias que formalizaron los padres de un menor, de 13 años de edad, ante el Juzgado Penal Juvenil de Dolores, cuyas carátulas son "abuso sexual" y "lesiones".

Siendo que las imputaciones penales recaen sobre menores de edad (no punibles), existe reserva sobre las identidades de los adolescentes de 15 y 16 años responsables de los hechos violentos.

El "abuso sexual simple", así la tipificación del delito que se investiga, habría ocurrido durante un viaje didáctico que organizó la Orquesta Escuela de Chascomús (OECh) a la localidad de Posadas, a comienzos de Septiembre pasado, en un hotel donde se hospedó el contingente de jóvenes músicos.

Posteriormente, a comienzos de Octubre, los mismos adolescentes señalados en la denuncia de abuso sexual, golpearon y persiguieron al menor en dependencias de la OECh, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo; la más importante un traumatismo craneo-facial que dejó tendida a la víctima, sangrando en el suelo del aula principal de la institución musical, ante la vista de varios testigos. Los momentos finales de esta cobarde golpiza fueron filmados y viralizados por una alumna, donde claramente puede verse y escucharse al menor agredido pidiendo "por favor, ya no me golpeen", a la vez que intenta huir de sus dos atacantes, éstos últimos en clara superioridad física y numérica.

Toda la documental, incluyendo el video del ataque al menor, las fotografías de sus múltiples lesiones y las declaraciones testimoniales de los padres, así como la pericia determinante y concluyente en Cámara Gesell de la víctima, ya se encuentra en poder de la Dra. Ma. Fernanda Hachmann, Juez de Garantías de la Departamental Nro. 1, con sede en Dolores, quien instruye la causa.

Habida cuenta de la gravedad de los acontecimientos, desde el mencionado juzgado se impusieron medidas cautelares sobre los adolescentes imputados, consistentes en una restricción perimetral, así como la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima, que se mantiene vigente hasta la fecha.

Según fuentes allegadas a la investigación, la OECh habría diferido la relatoría de estos hechos a la Dirección de Educación y Cultura de la Pcia. de Buenos Aires, durante al menos dos semanas luego de ocurridos, en clara intención de minimizar la situación. Inclusive, durante las reuniones mantenidas con los padres, la OECh obvió deliberadamente incluir información comprometedora para la institución en las actas que se signaron.

La propia Dirección de Educación y Cultura mencionada, a través de funcionarios de su división "Coros y Orquestas", entre ellos Paola Fontana y Valentino Redruello, concluyó una extensa investigación interna, para determinar responsabilidades; aunque aún no se habrían expedido formalmente en cuáles serán las acciones que instrumentarán para evitar que este tipo de hechos se repita, dado que el frondoso expediente fue elevado y hoy se encuentra en poder de la Dirección de Políticas Socioeducativas.

Preliminarmente ya se tiene conocimiento de que las transgresiones a los protocolos de actuación para estos casos, por parte de efectores educativos, culturales y administrativos de la OECh, serían múltiples e injustificables, rayanas a las figuras de encubrimiento y connivencia, en contexto de clara violencia institucional.

La directora de la OECh, Valeria Atela y su asesor educativo, José "Lito" Balavanian, así como los docentes Jaime Silva y Camila Bastit, entre otros integrantes de la OECh, son señalados en las denuncias, en primera instancia, como los principales adultos responsables de brindar las explicaciones del caso en cuestión.

Hasta el momento las autoridades municipales, contactadas por los padres del menor que fue víctima de estos hechos lamentables, no han respondido formalmente a la comunicación establecida ni los han recibido para tomar conocimiento de lo sucedido y del aporte de la documental de ambas causas judiciales.

Por último, cabe señalar que los dos adolescentes imputados continúan asistiendo regularmente a la OECh, de manera impune y como si nada hubiese ocurrido. Los padres del menor abusado decidieron que el mismo no prosiga asistiendo a la OECh, apartándolo, luego de que esta última no ofreciera las garantías básicas y elementales para respetar el cumplimiento de la imposición judicial (restricción perimetral), a la vez que se encuentran en vísperas de presentar las demandas civiles correspondientes ante tanta negligencia y daño.