El Estado, responsable de condenar a menores a prisión perpetua
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró "responsable internacionalmente" al Estado Argentino por la imposición de penas de privación perpetua de la libertad a personas por la comisión de delitos cuando eran menores de edad.
Se trata del caso “Mendoza y otros con Argentina” que se relaciona con la alegada imposición arbitraria de las condenas de prisión perpetua por hechos que ocurrieron cuando tenían entre 16 y 17 años. El caso fue planteado por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, representante legal de las víctimas.
En la Sentencia la Corte admitió parcialmente una de las cinco excepciones preliminares presentadas por Argentina pues dentro del trámite de otro caso ante la Comisión Interamericana el Estado había reconocido su responsabilidad por las condiciones de detención en las que se encontraba Ricardo Videla y por su muerte bajo custodia estatal.
El tribunal estableció la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán, Ricardo Videla y Claudio David Núñez.
Según argumentan las víctimas, fueron condenados “habiéndose aplicado con criterio restrictivo el régimen penal juvenil, de la misma manera que si se hubiera tratado de mayores de edad y pasando por alto la importancia de evaluar la necesidad de imponer siquiera la pena de prisión y, en su caso, hacerlo dentro del paradigma de la mínima intervención, que guía el marco convencional juvenil”.
“Trato cruel e inhumano”
Las penas de perpetua a menores, “por su propia naturaleza”, explicaron los magistrados, “no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños” ya que “implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor”. A lo que agregan que, por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó “un trato cruel e inhumano” para los jóvenes mencionados.