Magdalena: la Justicia negó la habilitación del pabellón donde murieron 33 presos

Una de las partes pidió que sea conservado para evitar la destrucción de pruebas. El juicio será en septiembre de 2017, y tendrá a 17 acusados en el banquillo

En el marco de una audiencia realizada hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº5, los jueces resolvieron no habilitar el pabellón 16 de la Unidad 28 del penal de Magdalena, donde en 2005 fallecieron 33 presos por asfixia. Desde entonces se encuentra cerrado.

Durante la noche del 15 de octubre y la madrugada del 16 del año 2005, dos presos comenzaron a discutir en el pabellón 16 y, tras la intervención de los guardiacárceles, algunos detenidos se replegaron al fondo del pabellón y comenzaron a prender fuego sus colchones.

Varios presos salieron, mientras los guardias cerraron la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia y el pasillo que conduce al patio de recreo, que les hubiera permitido hacerlo al resto y salvar sus vidas. El resultado fue que 33 detenidos murieron por asfixia. 

“Hace un tiempo, se presentó un pedido del Ministerio de Justicia para usar ese pabellón y alojar detenidos. Yo planteé, en cambio, que había que preservarlo”, comentó el abogado que representa a cinco imputados, Darío Saldaño, en diálogo con HOY. Por ello, el 23 de octubre último se realizó una inspección ocular en el penal con la presencia de los magistradas Carmen Palacios Arias, María Isabel Martiarena y Julio Germán Alegre junto a peritos y los abogados de los acusados.

Luego de ese procedimiento, se corrió traslado a las partes. La Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudio de Legales y Sociales (Cels) y Saldaño no estuvieron de acuerdo en habilitar el lugar. “Presentamos un punteo de 88 diferencias que había entre el pabellón original y el actual, además de la posible destrucción de pruebas”, explicó el letrado. Por ello, los jueces hicieron lugar al planteo y el sitio sigue sin utilizarse. 

Respecto de la fecha del juicio, el abogado adelantó que se llevará a cabo en el mes de septiembre del 2017, y que se presentarán como testigos más de 600 personas. Se sentarán en el banquillo 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Raymundo Héctor Fernández, Jorge Luis Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Bustos, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villareal, Mauricio Alejandro Giannovile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez, todos sospechados de haber cometido “abandono de persona seguido de muerte”. Cristian Alberto Nuñez y Carlos Oscar Tejeda están imputados por el delito de homicidio culposo. Todos ellos se encuentran en libertad. 

En diciembre de 2015, en el fuero contencioso administrativo se condenó al Estado provincial a pagarles a los familiares de 9 de los 33 presos fallecidos. Mediante un fallo del juez Luis Federico Arias se resolvió que los penitenciarios privaron “a los presos del auxilio que era necesario para sobrevivir”, y estableció montos que van desde los 115 mil pesos a 240 mil, a los padres, parejas e hijos.