Crecen los cruces por la ley de Emergencia Administrativa

El oficialismo se niega a dar marcha atrás con el proyecto, tensionando la relación con los gremios. Ayer hubo reuniones entre sindicatos, diputados y funcionarios. El macrismo busca que mañana la iniciativa sea ley

El oficialismo intentará sancionar esta semana en la Cámara baja bonaerense el proyecto de ley que declara el estado de emergencia administrativa y tecnológica impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que fuera aprobado hace dos semanas en el Senado, y que concita el rechazo mayoritario de los gremios estatales.

La insistencia oficialen intentar por todos los medios que la iniciativa se convierta en ley, tensiona aún más la relación entre la administración de Cambiemos con los sindicatos, que ven en la norma impulsada por el Ejecutivo una intención de profundizar la precarización laboral.

Ayer, en la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas y el titular del cuerpo, Jorge Saghini, se reunieron con los gremios estatales y con integrantes de diferentes bloques políticos, con el fin de buscar el consenso necesario para aprobar la iniciativa, iniciativa que fracasó por la persistencia del gobierno de rechazar modificaciones a la normativa.

Del encuentro participaron integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), ATE, Cicop y Judiciales,  quienes expusieron los fundamentos por los cuales se oponen al proyecto y que los llevará marchar mañana ante la Legislatura y la Casa de gobierno en una nueva movilización multisindical.

Terquedad oficial

El ministro Villegas intentó explicar las “bondades” del proyecto, explicaciones que fueron rechazadas por los gremios. Un de las críticas radica en los tiempos de la ley, que indica que si dentro de los diez días que se pasa a un organismo de control, no es objetada la contratación, la misma queda firme, lo que es visto como una maniobra por fuera de la ley.

Además se objeta que la norma genera una mayor precarización laboral y significa un retroceso en materia sindical, ya que se modifica la ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, facilitando la contratación de empresas privadas para realizar tareas en organismos públicos.

En diálogo con Hoy, el apoderado legal del SOEME, Guillermo Chávez, señaló que “más allá de que el ministro Villegas minimice esta ley, todo indica que la misma lo que hace es precarizar el trabajo de los estatales, otorgándole facultades extraordinarias a la gobernadora, para que así pueda manejarse al margen de la ley y sin la presencia de los organismos de control”.

Para el dirigente gremial, “esto predispone mal a los gremios, porque es un retroceso en materia laboral. Se precariza aún más la relación entre el Estado y los prestatarios de servicios. Nuestro temor es que se despida compañeros, ya que con la iniciativa que el oficialismo se niega a modificar, se facilita a contratar al margen de la ley de contabilidad, a empresas para que hagan los servicios”.

Oposición dividida

La oposición, salvo el FpV que mantiene una postura contraria a la ley, se reunirán esta tarde para conciliar una posición ante el proyecto. Según pudo saber Hoy, los intendentes opositores, estarían presionando a sus legisladores para que aprueben la iniciativa ante la urgencia de fondos que el gobierno les estaría retaceando por la posición contraria de ellos a la normativa.

La tensión puede verse en el Frente Renovador, donde el diputado Pablo Garate le dijo a Hoy que “mañana (por hoy) decidiremos nuestra posición. Los intendentes han hecho escuchar su voz, así como los legisladores, por lo que tras escuchar a los gremios, tomaremos una decisión que sea la mejor para la provincia y los trabajadores”.

Artículos cuestionados

Bloques opositores piden cambios sustanciales a la ley de emergencia administrativa y cuestionan varios de los artículos de la iniciativa. Entre los  más criticados, aparece las facultades para hacer contrataciones directas millonarias y el art. 25, que establece que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación de dependencia”. A eso le sigue un duro reproche al artículo 26, donde se consigna que “no resultarán aplicable” a los contratos de servicios regulados por esta normativa, “las previsiones contenidas en la Ley 10430”, de Régimen para el Personal de la Administración Pública. Puntos oscuros que el proyecto no aclara, sino que por el contrario profundiza en una división con las fuerzas gremiales, que parece muy difícil de acortar y de lograr acuerdos de acara al tratamiento de la ley en la Cámara baja.