“Vamos a recomponer la imagen de la Justicia”

En una entrevista en exclusiva con diario Hoy, el flamante procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, dio detalles del plan estratégico que implementará en su nueva gestión. Ya comenzó la etapa de análisis y control de los rendimientos de los funcionarios judiciales

El exsecretario Legal y Técnico bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, juró el 28 de diciembre pasado como procurador general de la Suprema Corte provincial y prometió “trabajar para custodiar los intereses de las personas en un momento muy sensible en lo que hace a la seguridad y a la situación general de la Provincia y el país”.

Tras la jura, el nuevo procurador dijo que le espera “un área muy significativa desde el punto de vista institucional” y que va a “colaborar para todo lo que es la re­forma y la recomposición institucional de la Provincia con la intención de que la Justicia lidere esta recomposición institucional”.

Conte Grand fue postulado por la gobernadora María Eugenia Vidal, luego de que la cuestionada María del Carmen Falbo le llevara en persona a la mandataria su renuncia formal al cargo que ocupó desde agosto de 2004.

Ayer, en su despacho, recibió a este diario y afirmó que tiene un plan ambicioso: transformar la Procuración General en un símbolo de transparencia institucional en la Provincia de Buenos Aires. Afirmó que sus objetivos son preservar los derechos de las víctimas, estar cerca de la gente y contar con un cuerpo especializado de la Policía Judicial. Asistirá a juicios por jurados para ver cómo trabajan fiscales y defensores, además de solicitar declaraciones juradas a los funcionarios. 

—¿Pudo detectar algunas necesidades en la Procuración, como faltante de fiscalías y funcionarios?

—Eso depende de un análisis muy integral de lo que se denomina el mapa judicial, para no tomar decisiones que sean “espasmódicas” o individuales que afecten al conjunto. 

La creación de nuevas fiscalías o defensorías no puede estar alejada de la eventual apertura de juzgados, porque están íntimamente ligados, o de otras áreas de la jurisdicción, ya sea de la administración de Justicia, que está a cargo básicamente de la Suprema Corte, o de lo atinente al ministerio público. Este debe ser un análisis de conjunto, se está haciendo, por supuesto, porque hay muchas necesidades. 

—¿Qué diagnóstico realiza respecto a las necesidades edilicias y la asignación de recursos?

—El mapa judicial lo coordina el Ministerio de Justicia con intervención de diferentes áreas, incluida la Procuración General; en eso estamos. También estamos enfrentando una serie de necesidades edilicias muy importantes y también la asignación de recursos de otra índole, y de personal. 

—¿Tiene definidos los nombres de los nuevos secretarios o seguirán los que vienen de la gestión anterior?

—En principio en las secretarías van a mantenerse los responsables actuales. Tenemos algunos cargos vacantes que vamos a cubrir, y después seguiremos analizando el rendimiento de los funcionarios actuales.

—¿Cuál es su parecer sobre la Policía Judicial y las impugnaciones al concurso?

—La Policía Judicial es un tema prioritario. Todo lo atinente a la investigación y a su soporte es, para nosotros, un objetivo de carácter prioritario. Hay algunos cuestionamientos al proceso concursal y algunas designaciones que quedaron pendientes al tiempo de la salida de la anterior procuradora. Estamos revisando todo el expediente administrativo para tomar las decisiones.

Una vez que se reanude la feria vamos a tomar contacto nuevamente con el estado de situación de los reclamos judiciales que se han hecho al respecto, avanzaremos en las decisiones administrativas y también tomaremos algunas decisiones más es­tructurales para poder profundizar un área que es absolutamente fundamental.

Me voy a ocupar de revisar la efectividad de los concursos y garantizar que los próximos sean absolutamente transparentes. Esa es mi misión, poder cubrir los cargos con las personas más idóneas y eficientes desde el punto de vista profesional, en un organismo que es clave para la investigación y que tiene que tener mucho prestigio, como también otras áreas de la Procuración.

—¿Tiene pensado separar la Defensoría del ministerio público?

—No lo veo contradictorio. Primero, hay una sensación general en la opinión pública de que el procurador general es, y se lo denomina así equivocadamente, el jefe de los fiscales. 

En realidad el ministerio público está integrado por varias áreas, cuatro centrales: las fiscalías, las defensorías, asesorías tutelares, que tienen una misión muy importante, y las curadurías, que representan éstas últimas a los incapaces. 

Mi función es la coordinación de las cuatro áreas. No es contradictorio, si bien es cierto que parece extraño que quien acusa a su vez defienda, el Procurador General tiene que estar en una situación de coordinación y supervisión general que permita definir los objetivos comunes de las cuatro áreas del ministerio público, que a veces tienen un objetivo común y otras veces, no tanto. 

Por ejemplo, un objetivo común es el respeto de la dignidad humana, esto es clave; el otro es la búsqueda de la justicia. 

Entonces, si nosotros podemos definir un listado de aspectos que son comunes a las cuatro áreas, ahí ya no veremos tan contradictorio que el procurador sea el coordinador de todo. 

Inseguridad, delincuencia juvenil y hacinamiento

En diálogo con Hoy, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se refirió a las posibles soluciones en el sistema de seguridad ciudadana. “Que las cárceles están superpobladas es un hecho evidente, las alcaldías y las comisarías también, por lo que nosotros tenemos un cuello de botella en nuestras propias alcaldías y fiscalías. Pero esto 

no puede justificar que no se concluyan los procesos judiciales en los que se investigan delitos. Esto es muy claro”, señaló el funcionario.

Y continuó: “Uno de los objetivos de la gestión ya fue trasladado por mí a todos los integrantes de la Procuración en la primera reunión: establecer un plan estratégico que incluye la elaboración de un tablero de comando y un seguimiento muy riguroso del cumplimiento de las misiones y funciones. Para ello, es clave el inicio y conclusión de las causas en tiempo, por lo tanto, dentro del esquema de seguimiento de gestión que tengo previsto ya estamos in­cluyendo la necesidad de que las causas avancen hacia su finalización”.

Frente a la consulta de este diario sobre la demora en los procesos judiciales que se evidencia en contraste con otros países, en los que desde el inicio de la investigación hasta la etapa de finalización del juicio tardan seis meses, Conte Grand dijo: “Son muchas circunstancias las que influyen. Por lo pronto, hay una estructura en proceso que no permite agilidad en la investigación, eso está claro. Se ha incorporado el sistema de flagrancia, que permite avanzar rápidamente en la producción de casos en los que se producen estas circunstancias fácticas”.

Finalmente, al ser consultado sobre su opinión acerca de los cuestionamientos al sistema de flagrancia por la falta de estructuras edilicias, expresó: “Es una realidad, hay que tener en cuenta eso también. Pero más allá de las estructuras edilicias, la naturaleza de los procesos de flagrancia exige mucho rigor y cuidado en la defensa de los derechos, porque por un lado se cuestiona la demora en las causas, y por el otro se cuestiona la agilidad”. Y agregó: “Entonces, se trata, en definitiva, de las personas que ejecutan los procesos, y en eso estamos trabajando: en que nuestros fiscales, defensores, curadores y asesores busquen lograr un equilibrio. Que tengan en miras el respeto de los derechos humanos que están en juego, los derechos de las víctimas, sus familias y de quienes han cometido un ilícito. La sociedad necesita recuperarlos definitivamente”.

En diálogo con Hoy, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se refirió a las posibles soluciones en el sistema de seguridad ciudadana. “Que las cárceles están superpobladas es un hecho evidente, las alcaldías y las comisarías también, por lo que nosotros tenemos un cuello de botella en nuestras propias alcaldías y fiscalías. Pero esto 

no puede justificar que no se concluyan los procesos judiciales en los que se investigan delitos. Esto es muy claro”, señaló el funcionario.

Y continuó: “Uno de los objetivos de la gestión ya fue trasladado por mí a todos los integrantes de la Procuración en la primera reunión: establecer un plan estratégico que incluye la elaboración de un tablero de comando y un seguimiento muy riguroso del cumplimiento de las misiones y funciones. Para ello, es clave el inicio y conclusión de las causas en tiempo, por lo tanto, dentro del esquema de seguimiento de gestión que tengo previsto ya estamos in­cluyendo la necesidad de que las causas avancen hacia su finalización”.

Frente a la consulta de este diario sobre la demora en los procesos judiciales que se evidencia en contraste con otros países, en los que desde el inicio de la investigación hasta la etapa de finalización del juicio tardan seis meses, Conte Grand dijo: “Son muchas circunstancias las que influyen. Por lo pronto, hay una estructura en proceso que no permite agilidad en la investigación, eso está claro. Se ha incorporado el sistema de flagrancia, que permite avanzar rápidamente en la producción de casos en los que se producen estas circunstancias fácticas”.

Finalmente, al ser consultado sobre su opinión acerca de los cuestionamientos al sistema de flagrancia por la falta de estructuras edilicias, expresó: “Es una realidad, hay que tener en cuenta eso también. Pero más allá de las estructuras edilicias, la naturaleza de los procesos de flagrancia exige mucho rigor y cuidado en la defensa de los derechos, porque por un lado se cuestiona la demora en las causas, y por el otro se cuestiona la agilidad”. Y agregó: “Entonces, se trata, en definitiva, de las personas que ejecutan los procesos, y en eso estamos trabajando: en que nuestros fiscales, defensores, curadores y asesores busquen lograr un equilibrio. Que tengan en miras el respeto de los derechos humanos que están en juego, los derechos de las víctimas, sus familias y de quienes han cometido un ilícito. La sociedad necesita recuperarlos definitivamente”.

En diálogo con Hoy, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, se refirió a las posibles soluciones en el sistema de seguridad ciudadana. “Que las cárceles están superpobladas es un hecho evidente, las alcaldías y las comisarías también, por lo que nosotros tenemos un cuello de botella en nuestras propias alcaldías y fiscalías. Pero esto 

no puede justificar que no se concluyan los procesos judiciales en los que se investigan delitos. Esto es muy claro”, señaló el funcionario.

Y continuó: “Uno de los objetivos de la gestión ya fue trasladado por mí a todos los integrantes de la Procuración en la primera reunión: establecer un plan estratégico que incluye la elaboración de un tablero de comando y un seguimiento muy riguroso del cumplimiento de las misiones y funciones. Para ello, es clave el inicio y conclusión de las causas en tiempo, por lo tanto, dentro del esquema de seguimiento de gestión que tengo previsto ya estamos in­cluyendo la necesidad de que las causas avancen hacia su finalización”.

Frente a la consulta de este diario sobre la demora en los procesos judiciales que se evidencia en contraste con otros países, en los que desde el inicio de la investigación hasta la etapa de finalización del juicio tardan seis meses, Conte Grand dijo: “Son muchas circunstancias las que influyen. Por lo pronto, hay una estructura en proceso que no permite agilidad en la investigación, eso está claro. Se ha incorporado el sistema de flagrancia, que permite avanzar rápidamente en la producción de casos en los que se producen estas circunstancias fácticas”.

Finalmente, al ser consultado sobre su opinión acerca de los cuestionamientos al sistema de flagrancia por la falta de estructuras edilicias, expresó: “Es una realidad, hay que tener en cuenta eso también. Pero más allá de las estructuras edilicias, la naturaleza de los procesos de flagrancia exige mucho rigor y cuidado en la defensa de los derechos, porque por un lado se cuestiona la demora en las causas, y por el otro se cuestiona la agilidad”. Y agregó: “Entonces, se trata, en definitiva, de las personas que ejecutan los procesos, y en eso estamos trabajando: en que nuestros fiscales, defensores, curadores y asesores busquen lograr un equilibrio. Que tengan en miras el respeto de los derechos humanos que están en juego, los derechos de las víctimas, sus familias y de quienes han cometido un ilícito. La sociedad necesita recuperarlos definitivamente”.

Las posiciones del nuevo procurador

Femicidios y violencia de género

“El crecimiento de la violencia de género y doméstica en general es una preocupación que nos obliga a estar muy atentos. Efectivamente, el ministerio público fiscal tiene áreas especializadas a nivel de fiscalías y defensorías que tutelan la situación de estas personas. Se han implementado mecanismos tecnológicos que permiten avanzar sobre la prevención, como por ejemplo el botón antipánico y la incorporación de telefonía celular a este modo de anticipar esta problemática. Además avanzamos en las vías restrictivas de aproximación de las personas que eventualmente puedan cometer esta violencia, estos delitos. Insisto en esto: para la Procuración General, el tema de la violencia de género es  prioritario”.

La víctima, prioridad en el proceso penal

“La víctima debe ser un objetivo de contención, sin ninguna duda. El Poder Ejecutivo de la Provincia ha tenido en miras esto como una prioridad. Nosotros tenemos que colaborar desde el ministerio público. Nuestros defensores, obviamente, cuidando los derechos de las personas que están defendiendo, que son quienes han cometido eventualmente un delito, y los fiscales, conteniendo: no solo acusando y siguiendo la investigación hasta la sentencia, sino también contendiendo a la víctima, a la persona que ha cometido este ilícito, a sus familiares, y poder de alguna manera reducir al mínimo el impacto que ha generado este comportamiento ilícito. La víctima es, sin duda, una prioridad en el proceso penal”. 

La pertinencia de los juicios por jurados

“Nosotros tenemos programada para este año, en distintas jurisdicciones, una cantidad importante de juicios por jurados. Estamos avanzando en esto. Mi intención personal es estar presente en muchos. Ya he garantizado a los responsables de los distintos departamentos judiciales que voy a estar, quiero ver cómo están trabajando nuestros fiscales en campo y en territorio. De manera que, durante el año, voy a ir avanzando en el análisis de este procedimiento tan singular, y hacia fin de año vamos a hacer un análisis de la situación”.

Transparencia y declaraciones juradas

“No hay República sin una Justicia legitimada por la población. No hay República si no hay una Justicia independiente; de modo tal que voy a trabajar en este sentido: en generar mayores mecanismos de transparencia y mejorar la imagen que tenemos en la opinión pública. Y, para eso, vamos a modificar el sistema de declaraciones juradas que hoy es quinquenal; lo vamos a reducir en el tiempo. Vamos a hacer un procedimiento que permita monitorear la evolución patrimonial de nuestros funcionarios dentro de la Procuración General cruzando información que esté volcada en las declaraciones juradas, que tienen que ser mucho más amplias. Hoy la información que se vuelca en las DDJJ es muy reducida. Vamos a cruzarla con información que hay en bancos de datos oficiales como los registros públicos u otros organismos que tengan información sobre la situación patrimonial de las personas. Todo esto más otras medidas que iremos adoptando tienen como objetivo la transparencia,  mejorar la imagen de la Justicia y, en última instancia, nos va a permitir lograr mayores niveles de eficiencia en la búsqueda de la Justicia y garantía de seguridad para la población”.

Baja en la edad de imputabilidad

“No tengo ninguna duda de que la baja en la edad de imputabilidad es un tema que hay que examinar. Me ha parecido muy prudente crear una Comisión de Investigación y Análisis a cargo de esta problemática, en miras de un Código Penal Juvenil. Porque es una problemática singular, distinta de los hechos de comisión de delitos por adultos”.