Abren acciones legales contra Hungría y Polonia por violar derechos LGBTIQ+
Ambos países han desafiado repetidamente al bloque europeo en cuestiones como migración, corrupción y el Estado de derecho.
La Unión Europea (UE) anunció que abrirá acciones legales contra Hungría y Polonia por adoptar medidas que violan los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y dio un plazo de dos meses a esos países para responder antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
“Igualdad y respeto por la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea. La Comisión utilizará todos los instrumentos a su alcance para defender estos valores”, apuntó la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo del bloque, en un comunicado.
En el caso de Hungría, la CE cuestiona la reciente adopción de una ley que prohíbe o limita el acceso a contenidos que promuevan la “divergencia de la identidad con relación al sexo de nacimiento”.
La CE señaló que la protección a los menores de edad es un interés público legítimo, pero apuntó que Hungría “no ha explicado por qué la exposición a contenido LGBTIQ+ puede ser dañino para su felicidad”.
Y en el caso de Polonia, la Comisión decidió actuar ante la inacción del gobierno contra las llamadas “zonas libres de ideología” LGBTIQ+.
La UE considera que esas “zonas”, implementadas en 2019 por municipalidades y regiones de Polonia, se pueden considerar una “violación a la legislación europea sobre no discriminación con base en la orientación sexual”, dijo la CE, informó la agencia de noticias AFP.
Según la Comisión, Polonia ignoró además varios pedidos para ofrecer detalles de la base legal de esas zonas, y de esa forma violó su compromiso de “cooperación sincera” con las instituciones europeas.
Se trata de un nuevo capítulo en la contienda entre los países más liberales y los más conservadores de la Unión Europea.
Hungría junto con Polonia han desafiado repetidamente al bloque en cuestiones como migración, corrupción y el Estado de derecho.
El año pasado, los dos países retrasaron la aprobación del presupuesto de la UE y el paquete de recuperación económica de Covid-19 por encima de las disposiciones que permitirían la retención de pagos a países que no respeten los estándares democráticos.
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