El canciller cubano acusó a Estados Unidos de promover condiciones de desestabilización

Cuba cruzó a Estados Unidos por alentar la marcha convocada por opositores para el próximo lunes y acusó al gobierno norteamericano de promover "condiciones de desestabilización interna".

El canciller Bruno Rodríguez advirtió que su país no permitirá "de ninguna manera" la "agresión persistente del gobierno de Estados Unidos". Agregó que la misma se vio "agudizada en los últimos seis, ocho meses, generando condiciones de desestabilización interna y la alteración de la tranquilidad y seguridad ciudadana". "Pero eso no logrará que vayan a aguarnos la fiesta" sentenció en alusión a la celebración de los 502 años de La Habana que se cumplen justo el 15 de noviembre.

"El eje central de esta operación organizada desde centros de poder en Estados Unidos, en ejercicio de la política oficial del Gobierno, con intervención de altos funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y otras agencias, con la intervención permanente de senadores y congresistas anticubanos, conducen a consecuencias que en otros países han provocado conflictos y guerras militares", denunció el canciller.

Por otra parte, el próximo lunes Cuba reabrirá sus fronteras al turismo extranjero y los estudiantes de primaria volverán a las aulas, tras meses de restricciones por la pandemia de coronavirus.

Los organizadores de la marcha, en La Habana y otras seis provincias, mantienen su determinación de manifestarse pese a la prohibición de las autoridades y la advertencia de que habrá consecuencias penales si se lleva a cabo la protesta.

El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, pidió en Twitter al gobierno cubano "escuchar a su pueblo mientras marcha pacíficamente para hacer oír sus voces".

Rodríguez señaló que estas figuras estadounidenses plantean "exigencias" para realizar acciones que en Cuba "no se permiten, ni se permitirán”.

Los promotores de la marcha en demanda "por la liberación de los presos políticos" apelan al artículo 56 de la nueva Constitución, que reconoce el derecho a manifestarse, pero el Gobierno considera que esta acción atenta contra el carácter constitucional e "irrevocable" del sistema socialista cubano. Por su parte el Gobierno niega categóricamente la existencia de presos políticos.