Imputaron a madre e hija por aborto ilegal con chats privados de Facebook como prueba

Una joven y su madre fueron acusadas de cometer un aborto ilegal en Estados Unidos, luego de que Facebook entregara a las autoridades sus chats privados como prueba, un caso que materializa los temores de los defensores de los derechos reproductivos sobre la vigilancia digital y sienta un precedente ­alarmante, ahora que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) depende de la legislación de cada estado.

“Este caso es otro horrible presagio de lo que está por venir en el infierno de la era pos-Roe en Estados Unidos”, dijo Sam Goldman, una de las fundadoras de la alianza Rise Up 4 Abortion Rights, en referencia a las consecuencias de la anulación en junio del histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, garante de la IVE durante casi medio siglo en el país. “El problema que plantea este caso es claro y ominoso: el control estatal y patriarcal”, sentenció la activista de este movimiento, inspirador de la marea verde latinoamericana.

Cómo fue el caso

En Nebraska, donde la IVE es ilegal desde la semana 20, empezaron a investigar el caso en abril tras recibir un aviso de que Celeste Burgess, de 17 años, había tenido un aborto espontáneo y había enterrado el feto junto a su madre sin informarlo. Las autoridades consultaron a ambas sobre esto, y respondieron en ese momento que no lo recordaban, según revela el infor­me judicial. Pero luego la joven brindó la fecha tras ver sus mensajes de Facebook, lo que llevó a las autoridades a solicitar una orden para acceder a sus datos en la red social. Luego, y en base a sus registros médicos, determinaron que Celeste estaba entonces embarazada de más 23 semanas.

A principios de junio, la joven y su madre, de 41 años, fueron imputadas de un delito grave (el de sustracción, ocultación o abandono de un cuerpo) y de otros dos menores: ocultar la muerte de otra persona y denuncia falsa. Días más tarde, el tribunal aprobó la orden para pedir a Facebook todos los datos privados que tenía de las mujeres, algo que la firma aceptó. Una conversación decía lo siguiente: “Una píldora frena las hormonas y después hay que esperar 24 horas para tomar la segunda”, le dijo Burgess a su hija, quien le pidió a su madre “quemar las pruebas cuando todo esté fuera”. Al mismo tiempo, una amiga afirmó haberla visto tomar la primera pastilla abortiva en abril. Un mes más tarde, gracias a esta evidencia, la fiscalía acusó a la madre de otros dos delitos graves: realizar un aborto ilegal y hacerlo sin licencia médica.

Las dos se declararon “no culpables” de los cargos y un juicio con jurado está programado para octubre, en el que Celeste, que ya cumplió los 18, será procesada como adulta.

“Estado castigador”

“En un país donde tantos estados ahora tienen normas que prohíben el aborto casi de manera absoluta, es muy amenazante pensar que el afán persecutorio y de criminalización del Estado va a usar nuestras comunicaciones privadas cotidianas en contra nuestra”, dijo Alejandra Cárdenas, directora de Estrategias Legales Globales en el Centro de Derechos Reproductivos.

Según esta abogada, “la sensación de un Estado leviatánico y castigador” limitará la necesidad de comunicarse “incluso cuando nuestra vida dependa de encontrar información de salud sexual y reproductiva en línea”.