La justicia de Bolivia solicitó 30 años de prisión para Áñez

La Fiscalía de Bolivia solicitó en la jornada pasada una condena de 30 años de prisión para la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, al acusarla formalmente de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata durante noviembre del año 2019, en la que fallecieron 20 personas, mientras que otras 200 resultaron heridas.

En este sentido, el Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas más, entre las que se encuentran varios de sus colaboradores de confianza, como también antiguos altos mandos militares y de la Policía, de acuerdo a lo precisado por la agencia de noticias estatal ABI, el diario local El Deber y la agencia de noticias Europa Press.

Por su lado, el fiscal general, Juan Lanchipa, en el marco de una conferencia de prensa, señaló: “Se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 personas, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Cabe recordar que durante las jornadas 15 y 19 de noviembre del 2019 estallaron manifestaciones que fueron duramente reprimidas por los cuerpos de seguridad, que, amparados en un decreto supremo que los eximía de responsabilidades penales por el uso desmedido de la fuerza, dispararon a una veintena de civiles.

Estos acontecimientos tuvieron lugar apenas unas jornadas después de que Áñez se proclamara presidenta de ese país, poco después de la renuncia forzada de Evo Morales, que fue considerada por muchos como un golpe de Estado.

Además de Áñez, forman parte de los señalados, entre otros, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Carlos Murillo; el de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quienes son acusados por la Fiscalía de “la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”.

Cabe resaltar que el año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso denominado “golpe de Estado II”, en el que fue acusada de ubicarse ilegalmente en la línea de sucesión; luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, así como las de otras autoridades que también dejaron sus cargos en 2019 .

Asimismo, de acuerdo con sus abogados, la ex mandataria interina de Bolivia, detenida desde marzo del año 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria.