Las polémicas en torno al sistema campesino que busca expandir Castillo

El presidente de Perú, Pedro Castillo, pidió al asumir “expandir el sistema de rondas”, el nombre con el que se conoce a los grupos de campesinos de los Andes que se enfrentan a la delincuencia con permisos legales y armamento precario, lo que generó un rechazo de la oposición, principalmente por la posibilidad de que ese modelo desembarque en Lima.

“Debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas en el sistema de seguridad ciudadana”, dijo el mandatario, del partido de izquierda Perú Libre, en su discurso de posesión hace dos semanas.

La afirmación abrió un debate que no cesa incluso después de que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aclaró que no hay planes inmediatos para su implementación en Lima, donde vive casi un tercio de los peruanos y se concentra la oposición.

La idea del gobierno no es trasladar campesinos, sino crear instituciones parecidas pero acordes con la realidad y con participación de los vecinos de cada lugar.

El mayor problema de inseguridad en Perú es el robo de celulares, dinero, billeteras y similares. En el segundo semestre del año pasado, un 20,2% de vecinos de ciudades con más de 20.000 habitantes denunciaron un caso así. Se da por hecho que el fenómeno es mayor porque gran parte de los afectados no hace la denuncia.

Según portavoces de la oposición, Castillo busca que los ronderos reemplacen a la Policía. Otros, que insisten en que el gobierno pretende un régimen “comunista”, los comparan con los “grupos de defensa de la revolución” de Cuba o Venezuela.

Por el contrario, según el presidente de la Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas, Hortencio Julcahuanca, esos grupos “no le van a quitar la autonomía a nadie, sino a colaborar con instituciones ya establecidas”, como la Policía, el Poder Judicial y los gobiernos provinciales y distritales.