Puigdemont y varios legisladores de Cataluña, acusados de graves delitos

“Rebelión, sedición y malversación”, penados con hasta 30 años de prisión, son los cargos por los que se investiga a los líderes independentistas

El fiscal general de España, José Manuel Maza, informó que fueron presentadas querellas por “rebelión, sedición, malversación” y otros delitos conexos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, miembros de su gobierno y autoridades del Parlamento regional que tramitó la declaración de independencia de Cataluña el pasado viernes.

Una de las acusaciones es contra el gobierno catalán destituido, que fue interpuesta en la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española. En tanto, la otra apunta a las autoridades del Parlamento, encabezadas por su presidenta, Carme Forcadell, que fue presentada en el Tribunal Supremo.

Las acciones solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su “inmediata detención”.

Los cargos investigados, por  ejemplo los de “rebelión, sedición y malversación” son penados con hasta 30 años de prisión.

Maza pidió que a los veinte querellados (catorce miembros del exgobierno catalán y seis parlamentarios), se les imponga una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente al gasto público causado en el delito de malversación de caudales, en relación con el dinero utilizado para celebrar el referéndum del 1º de este mes, que había sido prohibido por la Justicia.

“Los delitos, objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno; en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravenían la Constitución, actuando en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales”, remarcó el fiscal. 

Asimismo, Maza afirmó que la violencia que requiere el tipo delictivo de rebelión “no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas”, que serían circunstancias agravantes. De hecho, recordó que a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Tribunal Supremo estimó que se puede llevar a cabo “de modo incruento”, es decir, sin derramamiento de sangre.

Abogado de la ETA defenderá al líder catalán

Un abogado con un largo historial en la defensa de miembros de ETA fue el elegido por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para obtener asesoría legal en torno a una posible petición de asilo en Bélgica. 

El letrado belga Paul Bekaert, de 58 años, especializado en Derechos Humanos, trabajó en numerosos casos, buscando la forma de paralizar la extradición de integrantes de la banda terrorista a España desde la década de los 90. En aquel entonces, la presión de las fuerzas de seguridad españolas hizo que muchos miembros de ETA eligieran Bélgica como nuevo escondite, en su búsqueda de refugios más allá del sur de Francia, su guarida más habitual.

En tanto, Bekaert aseguró que Puigdemont lo contrató como asesor legal: “Confirmo que Puigdemont me ha contactado hoy. No puedo decir qué me ha pedido por secreto profesional. No hay nada decidido sobre la petición de asilo, mañana (por hoy) habrá una comparecencia (del expresidente de la Generalitat) sobre el tema”, afirmó el letrado.

Rajoy, con el apoyo del Comité Ejecutivo 

El presidente español, Mariano Rajoy, anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional que la aplicación del artículo 155 se está “desarrollando con eficacia”. Cabe aclarar que el mandatario fue ovacionado por los allí presente, en apoyo a su decisión de destituir a Carles Puigdemont y a sus consejeros, además de convocar elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. 

En ese marco, Rajoy añadió que el Ejecutivo tomó la decisión “más razonable, ponderando todas las opciones”. Dicho esto, destacó que quién gana es España y la democracia”.