Ajuste a la ciencia: Milei tomó el control de la Agencia I+D+i
Con un decreto publicado durante la madrugada del viernes, el Gobierno reformó la Agencia de Innovación profundizando el avance contra la autonomía científica.
En una nueva avanzada sobre el sistema científico nacional, el Gobierno de Javier Milei reestructuró por decreto la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), el principal organismo encargado de financiar proyectos científicos, tecnológicos y productivos del país.
El Decreto 447/2025, publicado durante la madrugada del viernes en el Boletín Oficial, modifica el marco normativo de la Agencia creada en 2020 y reduce su directorio de once integrantes a solo tres. A partir de ahora, el presidente y dos vocales, designados por el Ejecutivo, concentrarán la toma de todas las decisiones.
El texto oficial justifica la medida en nombre de la “eficiencia”, argumentando que incluso los cargos ad honorem generaban costos de viáticos. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico se esconde una decisión de fuerte concentración de poder y debilitamiento institucional, que genera preocupación en toda la comunidad científica.
Recorte institucional
La Agencia I+D+i administra tres fondos fundamentales para el sistema científico nacional: el FONCyT (investigación básica y aplicada), el FONTAR (innovación tecnológica en empresas) y el FONARSEC (sectores estratégicos). Hasta ahora, el Directorio tenía la responsabilidad de evaluar y seleccionar los proyectos a financiar mediante convocatorias abiertas y evaluaciones técnicas.
Con la nueva estructura, la definición de prioridades, el diseño de programas y la selección de proyectos quedarán en manos de un núcleo reducido y subordinado al Ejecutivo. A la par, se refuerza una lógica de mercado: los proyectos deberán demostrar factibilidad económica, análisis de riesgo y potencial de retorno, por encima del valor académico, estratégico o social de las investigaciones.
El exministro de Ciencia y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza, fue contundente: “Es otra provocación de un Gobierno de ignorantes. No precisamos decretos, precisamos planes”.
Más señales, menos diálogo
La intervención se da pocos días antes del vencimiento de las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley Bases, y puede leerse como una señal política, el Gobierno no está dispuesto a ceder en su cruzada contra los organismos públicos, aun en áreas sensibles como la ciencia y la tecnología.
Tampoco se trata de una acción aislada. Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la administración libertaria prepara otro decreto destinado a la reestructuración del Conicet, organismo emblemático del sistema científico argentino, donde trabajan más de 12.000 investigadores. De concretarse, se pondría en jaque a uno de los pilares de la producción de conocimiento del país.
El vaciamiento presupuestario ya había generado tensiones con la comunidad científica desde fines de 2024, cuando el entonces titular de la Agencia presentó su renuncia por los recortes y la demora en los desembolsos.
Así, en nombre del “déficit cero” y la modernización del Estado, el Gobierno reconfigura un área clave sin discusión pública ni participación académica.
