Alertan por la situación sanitaria tras el desguace del Senasa

Las últimas definiciones del Gobierno en torno a un organismo clave ponen al país y a las exportaciones nacionales en un serio riesgo sanitario. Se trata del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), cuyo personal fue recortado drásticamente a fines del año pasado para luego encarar una reestructuración que, al debilitar los controles, puede acarrear consecuencias extremadamente graves en materia de seguridad alimentaria.

Ayer por la tarde, los trabajadores del Servicio realizaron una protesta en la Autopista Ricchieri para pedir la reincorporación de los 130 despedidos “sin causa ni notificación”, que se encuentran sin respuestas desde el 29 de diciembre del año pasado. En ese sentido, la delegada gremial de ATE en el organismo, Carina Maloberti, señaló a diario Hoy: “Realizamos una jornada con movilizaciones en distintos puntos del país, porque continuamos sin tener soluciones”.

A su vez, se refirió a la gravedad de la situación que está ocurriendo en el Senasa: “Presentamos una denuncia a organismos internacionales porque hay riesgo sanitario y riesgo de los mercados internacionales. Se eliminaron algunos controles y se tercerizaron otros al sector privado o a las provincias sin los correspondientes fondos. Se trata de controles extremadamente sensibles para la defensa de la seguridad alimentaria en el país”.

Específicamente, una de las presentaciones fue realizada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), órgano conformado por 35 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. En la presentación se alertó que la reestructuración del Senasa “avanza sin la urgente y necesaria conformación de una mesa de trabajo pública y privada, transparente, interministerial e intersectorial, integrada por profesionales y técnicos especializados del organismo, junto con la participación y debate con los consumidores, productores, legisladores y sociedad civil involucrada”. Maloberti remarcó además que las denuncias se ampliarán a todas las embajadas de los países que integran el G-20. 

El organismo es nada más y nada menos que la autoridad de aplicación en materia de control y fiscalización de la sanidad animal y vegetal, y la inocuidad y calidad agroalimentaria. Las funciones de lo que hoy es esta institución se iniciaron a fines del siglo XIX en el país, para dar garantías sanitarias a las exportaciones de materias primas desde la República Argentina. Cuenta con 14 centros regionales y 362 oficinas locales distribuidas por todo el país. Dichas funciones hoy están en riesgo. 

Cabe recordar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que conduce el extitular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, lanzó el Decreto 27/18, a través del cual derogó 15 leyes con el argumento de “desburocratizar” el Senasa. Esto es parte de la “reestructuración” que cuestionan los trabajadores, y que junto con la supresión de 130 puestos de trabajo pone en serio riesgo los controles sanitarios.

Ricardo Negri, el funcionario a cargo de los cambios

Este lunes se formalizó la designación de Ricardo Negri como nuevo presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Hasta la designación en noviembre de Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria, este funcionario se había desempeñado como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la gestión de Ricardo Buryaile.

Con el recambio del titular de esa cartera, la decisión del Gobierno fue que Negri pasara a desempeñarse al frente del estratégico Senasa, el servicio sanitario que tiene responsabilidad de control sobre las materias primas alimentarias que se consumen en el país y se exportan por más de US$ 35.000 millones anuales.

Se trata de un ingeniero en Administración Agropecuaria que hasta el recambio de gobierno, en diciembre de 2015, se había desempeñado en el sector privado como responsable de investigación de la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (Aacrea).

Es este funcionario quien estuvo al frente de las principales decisiones tomadas estas semanas, como la derogación de una serie de leyes y decretos que afectan al organismo y la no renovación de contratos a unos 130 agentes de la institución.