Argentina, a un paso del default

El gobierno anunció que, por la posibilidad de un embargo, no se pagará el próximo vencimiento de la deuda a los bonistas. Recién se viajaría a negociar la próxima semana. El juez advirtió sobre el nuevo canje y dijo que las declaraciones de Cristina “son un problema”

Tras el fallo adverso de la Corte de EE.UU., parecía que el panorama no podía ser peor para Argentina. Pero sí, podía, y la situación definitivamente se tornó dramática ayer, cuando la Justicia de ese país levantó el stay, medida que impedía que se embarguen los bienes del Estado en el exterior (ver Radiografía de un país embargado). Por eso, anoche el Ministerio de Economía emitió un comunicado donde anunció que no pagará el próximo vencimiento de deuda (el 30 de junio) a los bonistas que entraron al acuerdo, por una cifra de 900 millones de dólares. La decisión tiene altísimas probabilidades de desembocar en un default técnico del país, que no podría remitir divisas al exterior, y tendría todos sus fondos y recursos en riesgo, incluyendo el de sus empresas. 

En ese clima se preparó un nuevo golpe para los intereses de nuestro país: el ya famosísimo juez Thomas Griesa encabezó ayer (sí, fue un día muy malo) una audiencia con los representantes argentinos y de los fondos buitres, donde dijo que las declaraciones de Cristina Kirchner, por cadena nacional, “son un problema” para encontrar una solución, y esbozó fuertes críticas a la gestión durante la década kirchnerista.

Allí, en la oficina 1630 de los Tribunales de Nueva York, la posición argentina quedó debilitada. El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), patrocinador de nuestro país en la causa, pidió una negociación directa de los funcionarios nacionales con los acreedores, que viajarían recién la semana que viene (¿acaso no es un problema urgente?), mientras los representantes de MNL Capital, el principal fondo buitre involucrado, exigieron que el gobierno dé explicaciones de inmediato, sin dilaciones, sobre cual es la propuesta concreta, y mostró su impaciencia para esperar el viaje de los enviados K. 

La torpeza del gobierno

Las declaraciones del gobierno nacional en los últimos días sólo han alejado la posibilidad de una negociación real, tal como dicen es su intención. Ayer, Theodore Olsen, representante de NML, afirmó en la audiencia que de los discursos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof se desprende que la Argentina no quiere pagar. La defensa reaccionó, replicó que la intención del gobierno siempre fue “honrar sus deudas”, y el clima se tensó. Gritos y discusiones, nada propicio para lo que se viene. 

En ese marco, los letrados de NML insistieron con sus críticas a la Argentina y pidieron que, "así como hizo con el Club de París y con Repsol", el gobierno les pague a los holdouts. Rechazaron someterse a la ley nacional y le solicitaron a Griesa que disponga una orden para que no se pueda negociar fuera de Nueva York. El magistrado lo avaló, e informó que remitiría una disposición para que se evite el canje de la deuda. Advirtió, pues, que el país no busque pagar a los bonistas en Buenos Aires, pues sería un claro desacato a su fallo. 

Declaraciones y amenazas 

Inflexible, el magistrado neoyorkino dejó fuertes apreciaciones contra nuestro país y, principalmente, contra la gestión de la presidenta. "Aquí hay que encontrar un mecanismo legal para que esto funcione. Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que Argentina se vuelva a reír de una sentencia judicial", sostuvo Griesa. 

Finalmente, agregó que las palabras de Cristina en cadena nacional “son un problema”, principalmente al referirse a la “extorsión” de los buitres. "Realmente no me da confianza de que tenga un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones", remató. El panorama es cada vez más complicado para Argentina, que recién en una semana irá a negociar a Nueva York. 

Los bonistas amenazan con juicios si Argentina paga

La mala gestión duró diez años, y justo antes de cerrarse el ciclo K, los frentes empiezan a cerrarse, todos a la vez. Ayer, el abogado de los bonistas italianos que forman parte de ese 92% que ingresó al canje y aceptó una quita de la deuda, señaló que la sentencia de Griesa es “agraviante e injusta”, y lanzó:  “Si los fondos buitres consiguen cobrar todo lo que se les adeuda, mis clientes también pretenderán lo mismo".

El letrado advirtió que "está en riesgo y en duda el cobro, porque cobrar en Estados Unidos no será posible y modificarlo tampoco creo que haya tiempo" hasta el 30 de junio, cuando el Gobierno debe transferir u$s 900 millones por los intereses de los bonos Discount, parte de ello a Nueva York. Las alertas surgen de que el juez pueda llegar a pedir la confiscación de ese dinero para que no se eluda el pago a los fondos buitre.

"Imagino que no será muy fácil cobrar en estos tiempos (con el fallo)", advirtió Zembo, y añadió que “esta situación viene a poner a los bonistas que entraron con mucho sacrificio en la reestructuración en tela de juicio, entre dos partes con las que no tendrían nada que ver aquellos que entraron en el canje". "La verdad creo que es bastante poco tiempo disponible, por lo que creo que será muy difícil pagar en tiempo y forma", criticó Zembo.

A su vez, cabe resaltar que pese a la intención del gobierno de cambiar el lugar de pago para que los bonistas cobren en Buenos Aires y no en Estados Unidos, la iniciativa tiene pocas chances de prosperar también porque son pocos los acreedores internacionales dispuestas a trasladar la jurisdicción, debido a la poca confianza que inspira el gobierno nacional. Esos cobros, además, quedarían bajo jurisdicción de la Justicia nacional, y no de otro país. 

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