Avanza la causa por espionaje ilegal, mientras Arribas insiste con irse del país
Buscan determinar el grado de involucramiento de exfuncionarios y empleados de la Casa Rosada en las maniobras desplegadas desde la AFI.
El martes 15 se desarrollará la audiencia sobre la apelación de la defensa de Gustavo Arribas al fallo que le rechazó la posibilidad de salir del país.
La causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri avanza en dirección a determinar el grado de involucramiento de exfuncionarios y empleados de la Casa Rosada en los hechos, mientras el procesado exjefe de la central de espías,
Arribas, insiste en que lo dejen irse de la Argentina.
Los investigadores del caso que tramita en la Justicia Federal de Lomas de Zamora continuaron además, en los últimos días, incorporando elementos tendientes a probar que también se realizó espionaje carcelario, mientras buscan determinar qué papel jugó el área de Legales de la AFI, según indicaron a Télam fuentes con acceso a la causa.
La indagatoria de Martinengo
Este viernes amplió su declaración indagatoria la excoordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien –a través de un escrito que le presentó al juez federal Juan Pablo Augé– decidió responder las acusaciones de forma genérica, no confrontar la prueba de cargo en su contra y no contestar preguntas.
En el escrito, no explicó sus comunicaciones con los espías Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, ni los pedidos de información porque “le interesa al 1”, ni los documentos de inteligencia que supuestamente le reenvió al secretario privado de Macri, Darío Nieto. Tampoco dijo nada sobre por qué facilitó a los espías el número de celular del entonces diputado
Emilio Monzó, una de las víctimas del espionaje ilegal.
La declaración de dos espías
La situación también podría complicarse para los espías Leandro Araque y Facundo Melo, quienes declararon esta semana e intentaron atacar el expediente por la vía de cuestionar el inicio de la causa y el tratamiento dado en la primera parte de la investigación –cuando aún intervenía el juez Federico Villena– a los celulares secuestrados.
Los dos imputados y sus respectivos teléfonos son piezas claves de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, religiosos, sindicales, sociales y periodistas, entre los que se destacan la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el sindicalista Hugo Moyano y Florencia Macri, hermana del expresidente.