Avanza nueva Ley de Ministerio Público para sacar a Gils Carbó

El Gobierno adelantó que promoverá la reforma en la Justicia para destituir a la procuradora general de la Nación a través de las normas legales. Buscan cambiar los procesos reglamentarios de remoción. Presentarán el proyecto antes de fin de año en el Congreso

Los días de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación parecen estar contados. Ayer, el Gobierno nacional dejó trascender que antes de fin de año avanzará en el Congreso con una reforma de la Ley de Ministerio Público, para así poder destituir a la funcionaria sin necesidad de recurrir al largo e incierto proceso del juicio político.

Desde el Parlamento nacional, las bancadas oficialistas se encuentran elaborando en forma conjunta con el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, un proyecto que tiene como meta “regular el proceso de remoción” de la procuradora, buscando acelerar los trámites administrativos que permitan la rápida salida de Gils Carbó.

Según advierten desde Cambiemos, estaría todo dado para que con la nueva composición del Congreso nacional se pueda lograr con éxito la partida de la funcionaria del Ministerio Público, donde además esperan contar con el aval de buena parte de los bloques opositores.

La intención del oficialismo es seguir todos los plazos reglamentarios y constitucionales, para que, en caso de poder sacar a flote el proyecto, el mismo no sea judicializable y no se extiendan los procesos en los pasillos tribunalicios, lo que complicaría las chances de conseguir la salida de la funcionaria judicial.

Esto se suma a la escalada verbal existente por parte de diversos funcionarios del Gobierno nacional contra la procuradora. Días atrás, el ministro Garavano le había exigido a través de los medios que “se tome licencia” hasta que se resuelva su situación judicial, para así calmar las aguas dentro del oficialismo que clama por el puesto que detenta Gils Carbó.

Vale recordar que la procuradora se halla en el centro de la atención política y judicial luego de que el juez federal Julián Ercolini la procesara por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde se sospecha que existieron coimas. Este hecho desató un vendaval en el entorno íntimo de la funcionaria, que busca resistir lo que llamó una “escalada política” en su contra.

Acorralamiento

Con el oficialismo dispuesto a poner la situación de Gils Carbó como un tema central dentro de su agenda parlamentaria, quien toma un peso muy fuerte en la estrategia oficial es la diputada Elisa Carrió, quien desde hace años viene denunciando en la Justicia el accionar “parcial” llevado adelante por la procuradora.

“Es necesario cambiar los mecanismos de remoción para garantizar la división de los poderes, solo así podremos avanzar hacia una república realmente independiente”, fueron las palabras de la legisladora chaqueña una vez conocida la intención del Gobierno de ir con todas las “de la ley” contra Gils Carbó.

De todos modos, Carrió pidió tratar la situación bajo los márgenes y límites legales, por lo que bregó que desde el oficialismo se atengan a lo que marca la ley, que dice que la funcionaria solo podrá ser sacada de su puesto bajo un juicio político o a través de una reforma de la Ley de Ministerio Público, como la que impulsan ahora las autoridades.

La intención del gobierno de Mauricio Macri de apartar a Gils Carbó de su cargo se sustenta, entre otras cosas, en considerarla “impropia” para ocupar ese rol por estar procesada por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio por 44 millones de pesos.

Pero la preocupación de Gils Carbó no está solo en el tratamiento o no de esta iniciativa en el Congreso, sino que además en las próximas semanas se reunirá la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público y, según se comenta, se tiene previsto citar a la jefa de los fiscales para que se defienda de las acusaciones que llevaron a que fuera procesada por el juez Ercolini. 

La Bicameral podría, luego de escuchar las palabras de la procuradora, emitir un dictamen sobre su actuación al frente del organismo público. Si este dictamen resultara negativo para la funcionaria y, paralelamente, la Justicia confirmara su procesamiento, el juicio político sería el camino que le esperaría a Gils Carbó.