Bullrich deja Seguridad con 2.500 heridos en represiones

Ni bien asumió su segundo mandato como ministra de Seguridad de la Nación, esta vez de la mano de Javier Milei como presidente, Patricia Bullrich impulsó lo que llamó el Protocolo Antipiquetes. Al cumplirse dos años de su entrada en vigencia, un estudio denunció que hubo un grave deterioro de la libertad de expresión en Argentina, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones callejeras.

El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” fue sancionado bajo la resolución 943/2023 publicada en el Boletín Oficial a pocas semanas de asumir la gestión libertaria. El mismo considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, quien alertó sobre el Protocolo Antipiquetes en un duro informe.

Cifras alarmantes

Según registros de organizaciones de derechos humanos que sistematizó Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Esto incluye impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada. En el desagregado por año, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones. Esto implica un aumento del 77% en las detenciones durante este año.

Se registraron además cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso.

La labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador al enviar el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.

El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo.

Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes.