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A pesar de que la Justicia en lo Contencioso Administrativo pidió que se reabra la paritaria estatal, insólitamente un puñado de sindicalistas se oponen a que haya un aumento superior al irrisorio 12%. El papel jugado por la conducción de UPCN y Fegeppba. Radiografía de los intereses en juego

El pasado jueves la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida precautelar que había sido dictada por el juez Luis Federico Arias que, tras una presentación realizada por los gremios SOEME y ATE, ordenó el no cierre de la paritaria estatal e instó al gobierno de María Eugenia Vidal a continuar con las negociaciones salariales.

Por el momento, la administración de Cambiemos se resiste a la reapertura paritaria, y para eso cuenta con el insólito apoyo de un puñado de sindicalistas que comparten el criterio gubernamental de dar un irrisorio aumento de 12% en dos cuotas para los empleados públicos, cuando la inflación en los datos más optimistas llega al 40% anual.

Los dirigentes sindicales que van en contra de sus representados son Carlos Quintana de UPCN, Julio Castro del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA) y Jorge Baldovino de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI). Estos dos últimos, además, son parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares bonaerenses (Fegeppba).

Estos gremialistas desoyen el pedido mayoritario de los estatales que piden a gritos un resarcimiento salarial mayor a lo dado por Vidal. Tan es así, que la semana pasada más de 40 organizaciones sindicales se reunieron en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), para resaltar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y pedirle una audiencia a la gobernadora, que por ahora ha sido denegada.

Pero lo más sorprendente es que tanto UPCN, como SOSBA y Aeri, no solo se oponen a que haya un aumento superior al irrisorio 12% otorgado por el gobierno de Cambiemos, sino que incluso operan para evitar que Vidal y su gabinete no se sienten a negociar con el resto de los gremios que no firmaron el paupérrimo incremento.

Detrás de esta postura, se esconde la decisión del gobierno bonaerense de mantener oscuros negociados que vinculan a estos dirigentes con cajas negras de la política bonaerense. 

Quintana: sindicalista en el ojo de la tormenta

Resulta llamativo que el titular de UPCN, Carlos Quintana, uno de los dirigentes más repudiados del universo sindical, sea una de las voces que salte en defensa de Vidal, cuando hasta solo unos meses atrás hacía lo mismo a favor del exgobernador Daniel Scioli. Eso no es todo: también fue uno de los principales sostenes económicos de la candidatura a gobernador de Aníbal “La Morsa” Fernández.

Vale recordar las múltiples denuncias del diario Hoy, donde hemos venido haciendo hincapié en la corrupción existente en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), donde UPCN ha sido central en el vaciamiento a la obra social.

Funcionarios y dirigentes que responden a Quintana forman parte del directorio y están nombrados en al menos 16 demandas penales que se tramitan en los tribunales platenses por el latrocinio cometido contra el organismo público.
Según datos estimativos, el desfalco producido al IOMA sólo entre 2014 y 2015 trepa a casi 2.800 millones de pesos. Para evitar que la Justicia avance sobre Quintana y el resto de la cúpula de UPCN, y seguir manejando algunas de las cajas políticas del IOMA, Quintana no sólo aceptó la irrisoria oferta de 12% de aumento salarial hecho por la administración de Cambiemos. Salió a defenderla públicamente y la calificó de “histórica”.

Tal como lo viene informando nuestro diario, una clara muestra de este pacto es que el abogado Marcelo García Pacheco, mano derecha de la cuestionada titular de la regional platense del IOMA, Viviana Cherichetti (una de las funcionaria denunciada por la Asociación de Profesionales del IOMA más vinculada a Quintana, que viene de la gestión Scioli y fue ratificada por Vidal), fue nombrado como responsable de la regional de la obra social en Bahía Blanca. Asimismo, las actuales autoridades también ratificaron en la región Mar del Plata a Omar Ceberino, otro personaje vinculado a la conducción de UPCN –más específicamente al responsable de la seccional Junín del gremio, Eugenio "Lalo" Pirani- que terminó preso tras un allanamiento- salpicado por el escándalo de las internaciones domiciliarias. 

Tal como lo viene informando Hoy, desde APIOMA acusan a Ceberino, y a los médicos auditores Lucas Camarero Vilches y Lucas Camarero hijo, quienes realizaban las autorizaciones una la empresa de internación domiciliaria llamada Hestía SRL –que manejaría Pirani a través de testaferros- que cobraba cifras millonarias por servicios inexistentes, para lo cual habría usado nombres de fallecidos. La empresa fantasma tiene sede en Junín, pero también abrió una sede en La Feliz.

“La actual gestión le ha habilitado pagos por 14 millones de pesos a Hestia SRL, sabiendo de nuestras denuncias. Y lo mismo están haciendo con el resto de las empresas corruptas. Las autoridades dicen que hicieron auditorías y es mentira”, denuncian los profesionales. Y agregan que, producto del pacto de impunidad del gobierno con UPCN, muchos de los ex integrantes en casos de corrupción implicados en casos de corrupción se están reciclando  en el Instituto Superior de Educación (ISEI) del IOMA.

Además, ex funcionarios de la obra social como Marcelo Piergiácomi y Sergio Massaccesi, que terminaron presos y deben afrontar un juicio oral por su participación en el affaire de los medicamentos (cargaban medicamentos oncológicos de alto costo a nombre de afiliados fallecidos para luego revender esos remedios en farmacias de La Plata y del interior), siguen formando parte de la plantilla oficial del IOMA. Uno de los datos más llamativos de Quintana es cuando fue descubierto intentando salir de la Argentina hacia Uruguay por uno de los pasos fronterizos de Entre Ríos con una cantidad de dólares superior a la permitida. Intentó justificar su patrimonio dciendo que había ganado en el Loto del 23 de diciembre de 1998, una fecha donde no se efectuó ningún sorteo del juego en la Lotería Nacional.

Tercerización laboral y cercanía a los K

Jorge Baldovino, titular de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI), es otro sindicalista muy ligado a lo que fue el paso del kirchnerismo por el poder, participando activamente en las campañas nacionales y de la provincia del Frente para la Victoria.

Al ser rechazada casi unánimemente por el ámbito trabajador la oferta del 12% propuesta por el gobierno de Vidal, Baldovino fue de los primeros dirigentes en salir a aprobar la misma y en sostener que era todo un “logro” acabar con el panorama de “incertidumbre” que se cernía sobre el universo sindical.
Son muchos los que afirman que el dirigente gremial, a través de su hijo, un abogado dueño de un estudio jurídico en La Plata, prestaría asistencia legal a personas que efectúan reclamos impositivos al Estado bonaerense, en una manifiesta incompatibilidad de funciones.

Viejo conocido del poder

Aquellos que conocen bien los movimientos políticos de Aeri, sostienen que la actitud de Baldovino servil al poder, tiene que ver con el gran negocio que significa la distribución de boletas que tiene el gremio a través de la cooperativa El Aldabón en el ministerio de Economía de la provincia, que conduce Hernán Lacunza.
El Aldabon es una cooperativa que surgió en momentos en que la Argentina era desguazada por el menemismo en los años ’90. La decisión del entonces gobierno de Eduardo Duhalde de privatizar el sistema de reparto de boletas, llevó a que desde Aeri se creara una institución para poder tercerizar este servicio, en un aumento de la precarización laboral muy grande.

Desde el diario Hoy, contamos como a través de El Aldabon, Aeri entró de lleno en el círculo íntimo del kirchnerismo, ya que una de las jubiladas “Vip” del sindicato, es Ofelia Wilhelm, madre de la expresidenta Cristina Kirchner, quien hasta no mucho tiempo seguía teniendo injerencia en sus decisiones, e incluso era una asidua visitante de la sede del sindicato que se encuentra en calle 41 entre 4 y 5 de La Plata.

Daniel Locuoco, otro dirigente de AERI, habría sido cómplice del vaciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) realizado en los últimos años. Representante sindical en el directorio del IPS, Locuoco jamás objetó que los recursos que aportan los empleados estatales de la provincia se hayan derivado a financiar gastos corrientes y cubrir agujeros fiscales de la administración bonaerense, comprometiendo las futuras jubilaciones.

En 2014, la cooperativa El Aldabón afrontó un juicio iniciado porla municipalidad de La Plata por una deuda en concepto de tasa de seguridad e higiene por más de medio millón de pesos, que a pesar de haber recibido un trato preferencial por la Agencia de Recaudación Platense, incumplió en los pagos que había dispuesto efectuar.


Las aguas siguen bajando turbias

¿Cuál puede ser la razón por la cual el titular del Sosba y titular de la Federación de Gremios Estatales, Julio Castro, a avalar un acuerdo salarial de apenas 12%?
Ninguno sindicalista, en su sano juicio, podría aceptar una oferta salarial tan irrisoria, ante una inflación anual que supera el 40%. Por eso, los motivos de la aceptación de Castro habría que encontrarla en que desde el gobierno bonaerense se le habría garantizado la continuidad de sus negocios oscuros en ABSA, la empresa de agua y cloacas que fue saqueada en los últimos años.

Desde el año 2002, el control operativo del ABSA está en mano de dos empresas tercerizadas vinculadas directamente con la conducción del sosba y con el polémico abogado platense, Marcelo Salinas, que a su vez son socios entre sí, justo con la compañía estatal israelí Mekorot (acusada por  y la firma platense Eleptrint, en el proyecto de construcción de una planta potabilizadora en Punta Lara. Las tercerizadas en cuestión son Gral Saneamiento y la firma de 5 de septiembre.

Tal como lo viene informando Hoy,  profesionales de carrera del Ministerio de Infraestructura bonaerense salieron a denunciar un oscuro acuerdo que se habría sellado, entre gallos y medianoche, entre el gobierno de María Eugenia Vidal y la empresa estatal israelí  Mekorot, acusada por Amnistía internacional por el manejo del recurso hídrico. Se trata de la misma sociedad que, durante la gestión de Daniel Scioli, hizo un fuerte lobby  junto a la conducción del Sosba (Castro) para quedarse con un negociado millonario vinculado a la construcción de una planta potabilizadora en Punta Lara.

Según dijeron los profesionales, estaría todo cocinado para que se instalen  “medidores domiciliarios de alta sensibilidad”. Se trata de artefactos muy similares a los que funcionan en Israel, que serían suministrados por Mekorot y cuyo costo de compra e instalación estaría a cargo de los usuarios, en momento en que la empresa ABSA incumple el fallo judicial que obliga a devolver $1800 millones mal cobrados a los usuarios y prepara un tarizao que rondará el 150%. “Esto traerá aparejado un gran  aumento de la tarifa aun mayor. Estos medidores poseen una precisión tal que pueden detectar y facturar por la caída de una gota de agua, algo impensado para los medidores normales que se usan actualmente en el país. Esa exactitud extrema se contrarresta con la pérdida irracional de más del 40% del caudal de agua limpia que se desperdicia desde la planta potabilizadora de Ensenada hasta el servicio domiciliario por el deplorable estado de la red de distribución”, agregaron.

La red, que tiene caños de plomo de más de 100 años en distintos puntos de la región, es un aspecto medular que según los expertos justifica el por qué una obra como una planta potabilizadora carece de sentido hasta tanto no se renueve el sistema de distribución. En otras palabras, es imposible mejorar la potabilización del agua si el líquido sigue atravesando cañerías derruidas.

Los profesionales alertan, asimismo, que los tenores de cloro y la calidad final del agua suministrada por Mekorot son menores que el requerido por nuestro Código Alimentario Nacional y ello podría traer aparejado una posible contaminación bacteriana en los barrios periféricos, donde el suministro se brinda en forma carente de inspección.  Tal como lo viene informando Hoy, desde el gobierno bonaerense reconocen que representantes de la empresa Mekorot fueron recibidos por la gobernadora María Eugenia Vidal ¿por qué, al momento de producirse el encuentro, no difundieron la información?, ¿tenían algo para ocultar?.