Buscan frenar el aumento del agua en la Provincia

El defensor del pueblo de la Provincia  de Buenos Aires, Guido Lorenzino, reclamó ayer que se suspenda la audiencia pública por el aumento de la tarifa del agua, al considerar que “no cumple con lo estipulado por la ley, propone un aumento irracional y se da en un contexto donde el servicio es deficiente o directamente se brinda sin condiciones de potabilidad en muchos distritos”.

Según trascendió, el incremento acordado rondaría en un 40 por ciento promedio y la justificación pasa por el plan de inversión que tiene la compañía, además de la “adaptación de los costos y la actualización de la tarifa”. Actualmente, el metro cúbico se encuentra a $5,74 y con el aumento llegaría a costar $8,03. 

“Nos oponemos a este nuevo aumento por varias razones. Por un lado, la explicación que da ABSA es insuficiente y liga la suba, por ejemplo, al aumento de luz que también deben enfrentar los consumidores”, señaló Lorenzino. 

Además sostuvo que “por otro lado, los usuarios en realidad deberán pagar un doble incremento, donde se suma lo que se informará en la audiencia pública, más la que tendrán que abonar por el reciente revalúo fiscal aplicado por la Provincia”.

En este sentido, cabe recordar que en el régimen de servicio “no medido”, que alcanza a la mayoría de los usuarios, el cálculo de la tarifa se realiza en relación con la valuación fiscal de las viviendas. 

Otro de los cuestionamientos hechos a la audiencia, programada para el 2 de febrero en La Plata, tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (Ocaba), que fue disuelto a los días de este llamado por la nueva ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.

“Esta movida también representa una quita de derechos para los consumidores, ya que el Ocaba contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que el ADA no, lo que de por sí vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, explicó el defensor del pueblo.

Un servicio deficiente y caro

Además, Lorenzino indicó que el incremento se produce en un momento en el que “el servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia, donde no solo presenta cortes y problemas en la infraestructura, sino también graves inconvenientes con la potabilidad, ligados a la presencia de arsénico en el agua, nitratos, salinización y hasta la aparición de algas, que atentan directamente contra la salud de la población”.

“Son motivos de sobra para exigirle a la Provincia la suspensión de la audiencia pública, que además es meramente informativa y no permite ni siquiera el intercambio entre los participantes. Los usuarios no pueden seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando los servicios siguen siendo malos y, ahora, cada vez más caros”, puntualizó el defensor del pueblo.

De acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial bonaerense del pasado 8 de enero, ABSA solicitó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires una modificación del régimen tarifario. 

La propuesta de aumento implicaría para más de la mitad de los usuarios una suba de entre 140 y 200 pesos en sus facturas bimestrales, al tiempo que otro tercio debería pagar entre 200 y 400 pesos más. A su vez, para el sector de mayor consumo, un 12% del total, la variación oscilaría entre los 400 y los 1.000 pesos.