Casación confirmó la orden de secuestro del celular de Milman
Este miércoles, los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma ratificaron la decisión de investigar el dispositivo móvil del diputado de Juntos por el Cambio involucrado en la causa que investiga el atentado a CFK.
En la jornada del día miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la orden de secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. Se da en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato sufrido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre del 2022.
Fuentes judiciales informaron que la decisión, a la que se llegó gracias a los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, despeja el camino para analizar la información contenida en uno de los teléfonos celulares que había sido entregado a la Justicia por el propio legislador en la misma oportunidad en la que se opuso a que sea analizado.
De esta manera, una vez que se avance con la investigación correspondiente, se espera que se den avances en la causa judicial, que no tuvo muchos más progresos en los últimos meses. Sin ir más lejos, el pasado 1° de septiembre se cumplió un año del atentado, situación que se recordó con un buen número de manifestaciones en distintos puntos del país.
Asimismo, con motivo de la conmemoración de la fecha, varios dirigentes de todo el arco político peronista pidieron a la Justicia que se continúe investigando a fondo y que se termine sancionando a todos los implicados en dicho accionar.
El celular “trucho”
Vale recordar que, a fines de septiembre, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que el diputado nacional Gerardo Milman entregó a la Justicia un teléfono celular que compró después del intento de magnicidio y que tendría, al menos, otros tres dispositivos móviles más, según informaron fuentes judiciales.
“Ahora sabemos que Milman entregó un celular (que adquirió) posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia”, aseguraron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal en un escrito dirigido a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo.
La situación fue planteada en el marco de lo que se conoce como la “pista Milman”, que tiende a dilucidar si el diputado de Juntos por el Cambio efectivamente se refirió al atentado contra la vicepresidenta antes de que ocurriera, tal como denunció un testigo que dijo haberlo escuchado en un bar cercano al Congreso.