Corrupción S: citan a indagatoria a Alberto Pérez

Así lo dispuso el fiscal platense Álvaro Garganta. La medida alcanza también al exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, y a otros exfuncionarios. Detectaron 108 facturas truchas emitidas entre 2014 y 2015, por las que de manera fraudulenta se alzaron con casi 11 millones de pesos

El exjefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, fue citado a declaración indagatoria junto con otros exfuncionarios de la gestión de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una megacausa iniciada en la Justicia platense por la diputada Elisa Carrió.

Pérez fue convocado para el próximo 7 de noviembre a las 10 por el fiscal Álvaro Garganta, aunque la medida alcanzó además al exsubsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete bonaerense, Walter Carbone, a quien, en su casa del country Abril, le habían secuestrado una estatua de un dragón con una caja fuerte oculta en su interior.

En la resolución, a la que tuvo acceso diario Hoy, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

Según estableció la investigación, Carbone habría sido el encargado de rendir los gastos de diversos eventos, como capacitaciones o charlas, autorizados por Pérez a través de la emisión de gastos para partidas no contempladas en el Presupuesto de la Provincia.

Entre los pagos para eventos figuran programas, capacitaciones y colaboraciones con entidades de bien público, que -de acuerdo con la denuncia- se emplearon para el enriquecimiento propio y el financiamiento de la campaña presidencial del Frente para la Victoria, en la fórmula conformada por Daniel Scioli y Carlos Zannini.

La acusación recae sobre Pérez ya que en su carácter de titular del Ministerio suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo el pago en efectivo en favor de Carbone.

En cuanto a este último, en su carácter de subsecretario Administrativo, “fue el beneficiario de los anticipos y quien percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extrapresupuestarias, libradas por directivas del entonces ministro, además de ser el responsable de conformar todas y cada una de las facturas que luego se constataron apócrifas”.

Además, otros dos exfuncionarios de la gestión de Scioli están ahora bajo la mira de la Justicia, en el marco del presunto lavado de dinero: se trata de quien estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, y el exdirector de Subsidios y Subvenciones, Rodolfo “Manino” Iriart, ahora diputado provincial.

“Gran desmanejo de recursos”

En su denuncia ante Garganta, Carrió había advertido sobre hechos que dan cuenta de “un gran desmanejo de los recursos públicos de la Provincia”, a través de artimañas con “cajas negras” del Estado que “no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales”.

Pero además, trascendió que para el 10 de noviembre fue citada Sandra Alicia Mamberti y para el 11 Mónica Ripamonti, también vinculadas a la causa.

El detalle de los 25 expedientes, 12 en 2014 y 13 en 2015, el lector podrá apreciarlo en la infografía que acompaña esta crónica.

Las irregularidades se empezaron a detectar el 6 de enero de 2014, cuando Alberto Pérez dispuso una orden de pago a favor de Carbone por 344.800 pesos, a cobrar en efectivo luego de la presentación de cuatro facturas apócrifas.

En tanto, el último expediente se produjo el 21 de octubre de 2015. El exjefe de Gabinete, con el respaldo de 6 boletas truchas, emitió un documento de pago por 700.000 pesos.

Los motivos para justificar esas erogaciones comprenden la organización de eventos en verano en el Partido de la Costa y Mar del Plata, jornadas de capacitación para intendentes e instrucciones para los jefes de mesas en el marco de las elecciones.

De acuerdo con el informe elaborado por la UFI nº 11 de La Plata, durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.

Descubrieron las estrategias evasoras

“Existen en la causa elementos suficientes para sospechar que Alberto Pérez y Walter Edgardo 

Carbone resultan ser coautores penalmente responsables de los hechos”, señaló el fiscal Álvaro Garganta. Sobre Pérez, en particular, subrayó que “en su carácter de titular del Ministerio suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo el pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone”, y que dichas resoluciones fueron la “piedra angular de la maniobra”, ya que “consagraban una amañada construcción jurídica, consistente en que el monto habilitado para el evento debía ser entregado en efectivo a modo de anticipo para gastos al subsecretario de Administración solicitante, por medio de la Tesorería del propio Ministerio”.

“De ese modo, los funcionarios se aseguraban la suma de dinero en efectivo, la eliminación total de los controles y aseguramientos propios del reglamento de contrataciones del Estado, y del régimen provincial de pagos a proveedores. Es que, contrariando el régimen imperante, al eludir el modo ordinario de contratación del Estado el pago no era librado por la repartición al supuesto proveedor de ese evento mediante la orden de pago respectiva, sino directamente al funcionario a modo de anticipo para gastos, lo que permitió luego el manejo discrecional y la apropiación de esos fondos”, explicó el magistrado. 

Agregó que “las facturas luego presentadas para la rendición ni siquiera cumplían las exigencias mínimas de la AFIP para la determinación de los precios unitarios facturados, circunstancia de la que el entonces ministro, como máximo responsable del gasto ministerial, no podía desvincularse”.

Para descubrir esta estratagema fue clave la declaración testimonial de Lidia Cristina Tótoro, tesorera de la ex Jefatura de Gabinete, en tanto describió y precisó en detalle las formas de pago de la Tesorería, corroborando que el único ítem que se abonaba en efectivo era el de “anticipos para gastos”.

¿Se desmorona la impunidad sciolista?

El avance de la causa que encabeza el fiscal Álvaro Garganta implicó por primera vez a funcionarios de extrema confianza del exgobernador Daniel Scioli, como lo fueron Alberto Pérez y Walter Carbone.

Además de lo indicado en la página 6, los investigadores judiciales también analizan el pago de 8.550.000 pesos a 10 cooperativas de la Provincia de Buenos Aires que debían realizar trabajos de reparación y construcción en diferentes municipios, que al parecer no se completaron o nunca se hicieron.

Fuentes judiciales señalaron que Garganta detectó irregularidades en la entrega de los subsidios y, fundamentalmente, en las compras que debían llevar adelante las cooperativas con los fondos que recibían del gobierno provincial. Por eso, desde hace varias semanas dispuso una serie de allanamientos en comercios de La Plata, Ensenada y otros puntos de la Provincia de Buenos Aires.

Por el momento, Daniel Scioli no fue implicado de manera directa, pero las balas pican cerca.

Las razones por las que no se ordenaron detenciones

En el expediente rubricado por el fiscal Álvaro Garganta se explican los motivos por los que no pidió ninguna medida de restricción ambulatoria. En el mismo, se expresa: “Si bien es cierto que, de acuerdo al monto de la pena en expectativa de los delitos atribuidos a los imputados Alberto Pérez y Walter Carbone, puede presumirse la existencia de un riesgo procesal, no es menos cierto que los mismos se han presentado de Derecho desde el primer instante de la causa, y que sus abogados concurren y actúan diariamente, circunstancia que opera, como contraindicio, al igual que el hecho de que ambos son personas de actividad pública”.

Y agrega: “Respecto de los demás funcionarios convocados a prestar declaración, resultan en principio personal de carrera de la administración pública con arraigo en la ciudad, circunstancias que operan también como contraindicios para atemperar los riesgos de fuga”.

Además: “En cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación, la circunstancia de que la Fiscalía se haya munido de la documentación adjuntada sin inconvenientes, por lo menos en esta etapa y con estos aspectos de la investigación, la inexistencia de riesgos que presupuestan la implementación de cualquier medida de restricción de libertad”.

Cantidad de expedientes irregulares: 25

Cantidad de facturas truchas: 108        

 Suma de dinero sucio: 10.720.347 pesos

2014 Total de dinero: $4.131.347

Total de facturas truchas: 45

2015 Total de dinero: $6.589.000

Total de facturas truchas: 63